Puigdemont quiere llevar su caso ante la ONU

No prevé viajar a España para recoger el acta de eurodiputado para evitar ser detenido. Prepara una campaña internacional.

Salvo sorpresas de última hora, Carles Puigdemont no tiene previsto venir a España para recoger su acta de eurodiputado ante la Junta Electoral Central. Sabe que si lo hace, será de inmediato detenido a tenor de las órdenes dictadas por el juez Pablo Llarena. Tras los intentos avanzados por este periódico para obtener un estatus de refugiado político que le permita viajar a España, en delegaciones diplomáticas como Croacia y Eslovenia, con un resultado negativo, el equipo jurídico del ex presidente prófugo trabaja ahora en dos escenarios: un viaje a la sede en Nueva York de Naciones Unidas, donde ante su Comisión de Derechos Humanos pretende explicar su caso, y un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo contra la JEC. Frente a la jurisprudencia de que «prevalece el derecho del país de origen», imperante en la Unión Europea, el abogado Gonzalo Boye diseña un informe en base a la preeminencia de la jurisdicción europea. «Un galimatías increíble», aseguran expertos juristas en España.

Sabedor de que si pone un pie en España será de inmediato detenido, «El Puchi» prepara toda una campaña de denuncia internacional que desea consumar en la sede de la ONU, dado que sí puede moverse por todo el mundo, con una conferencia en su departamento de Derechos Humanos que preside la ex presidenta socialista chilena Michel Batelet. Fuentes diplomáticas españolas niegan tener aún conocimiento de tales gestiones, pero admiten que el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, ya hizo las «iniciativas pertinentes» al respecto. El letrado de Puigdemont, Gonzalo Boye, basa toda su estrategia en la vulneración de los derechos humanos de su defendido y su elección como eurodiputado tras una votación democrática. La cosa se complica tras la resolución del Supremo contra Oriol Junqueras, a quien impide viajar a Bruselas para recoger su acta de europarlamentario. Sin embargo Puigdemont, no encarcelado, puede moverse libremente por todos los países a excepción del suyo propio como huido de la Justicia española.

En su entorno reconocen el debate: venir a España y ser detenido como gran mártir del «procés», lo que le daría grandes réditos electorales en unos próximos comicios catalanes, o resistir como fugitivo en una ofensiva internacional. Hasta el momento, en espera de la sentencia del Supremo, sus abogados se inclinan por esta segunda opción, una vez la ONU diera vista libre a su intervención. Algo que, según fuentes diplomáticas españolas, no parece nada claro, tras la negativa del Parlamento de Bruselas a que accediera a sus instalaciones para acreditarse como diputado electo. La Eurocámara cerró el paso a Puigdemont y su número dos, Toni Comín, con una decisión rotunda de su presidente, el italiano Antonio Tajani, para suspender las acreditaciones provisionales de los eurodiputados españoles hasta que no haya una lista oficial proclamada por la Junta Electoral Central.

Precisamente, la JEC mantiene su cita hoy lunes para recoger sus actas y acatar la Constitución, requisito imprescindible. En el entorno del ex presidente prófugo afirman que no entra en sus planes viajar a la capital de España este día, dado que sería detenido, pero no descartan acciones exteriores de todo tipo. «Es un atropello y un trato discriminatorio por parte de un Estado opresor», advierten en el núcleo duro del fugitivo afincado en Waterloo.

Además de seguir viajando por toda Europa, Carles Puigdemont tiene previsto hacerlo a Nueva York, a la sede de Naciones Unidas, donde un llamado grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias ha criticado el juicio de los presos separatistas por el «procés», a petición de Torra. Un informe contrario al Tribunal de Estrasburgo, al avalar la decisión del Constitucional español contra el pleno del Parlament de Cataluña que declaró la independencia, que generó la protesta formal del ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, ante la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la ex presidenta chilena Michel Bachelet, a quien informó de la crisis latente en Cataluña.

Envalentonado por ese informe del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de ONU, que pide la libertad de los presos separatistas, y bajo su paraguas de «eurodiputado y preso político», Puigdemont insiste en su gira internacional y tacha de «farsa» el juicio contra el» procés».