Pujol Jr. movió 32 millones en trece países en ocho años

Jordi Pujol Jr, hijo del ex presidente de la Generalitat, llegó a mover 32,4 millones de euros entre marzo de 2004 y noviembre del pasado año en trece países diferentes, entre ellos paraísos fiscales como Suiza, Liechtenstein y las Islas Caimán.

Jordi Pujol Jr, hijo del ex presidente de la Generalitat, llegó a mover 32,4 millones de euros entre marzo de 2004 y noviembre del pasado año en trece países diferentes, entre ellos paraísos fiscales como Suiza, Liechtenstein y las Islas Caimán. Así consta en un informe remitido por la Agencia Tributaria al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga al empresario por un posible blanqueo de capitales tras una denuncia de su ex pareja.

A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado solicitó ayer a las tres entidades bancarias (BBVA, Credit Suisse y Banco Mediolanum) en las que ha operado Pujol Ferrusola, bien directamente o a través de cinco sociedades, que le remitan antes de 15 días toda la documentación de la que dispongan en relación a las cuentas de las que fuera titular. En ese mismo oficio, Hacienda confirma al juez que el hijo de Jordi Pujol (que ya ha presentado a Ruz a través de su abogado alegaciones y documentación relativa a alguna de esas operaciones) no se ha acogido a la amnistía fiscal.

Ruz precisa que se Hacienda ha relacionado en esos ocho años un total de 118 movimientos de tráfico de divisas por importe de 32.407.658 euros, efectuados a través de esas tres entidades bancarias, «con salida o destino, según los casos», en trece países: Andorra, Luxemburgo, Croacia, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, México, Francia, Islas Caimán, Reino Unido, Liechtenstein y Gabón. El instructor acuerda, «sin perjuicio de la ulterior determinación de su concreta participación en tales operaciones y del origen o justificación de las mismas» (Pujol Jr. ni siquiera ha sido imputado aún en el procedimiento), recabar información adicional a esos bancos a través de los cuales «se efectuaron las operaciones y movimientos de capital con el extranjero». Así, reclama «a la mayor brevedad» a BBVA, Credit Suisse y Banco Mediolanum toda lo relativo a «cartulina de firmas, contrato de apertura, extracto y soportes documentales» desde 2004 a la actualidad de cualquier cuenta bancaria o producto financiero a nombre de Pujol Ferrusola o de las cinco mercantiles con las que «ha tenido relación directa en concepto de socio, administrador o autorizado en cuentas bancarias» desde esa fecha: Inter Rosario Port Services, Iniciatives Marketing i Inversions, Iberoamericana de Business and Marketing, Project Marketing y Active Translation.

La investigación contra el hijo del ex presidente catalán se puso en marcha tras la denuncia de María Victoria Álvarez, ex novia de Pujol Ferrusola, quien aseguró a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía que, entre 2006 y 2008, acompañó a su antigua pareja y a su madre, Marta Ferrusola, a Andorra con una mochila llena de billetes de 500 euros y que viajó también con él a Londres, donde se reunió con una persona «que llevaba muchos negocios a su familia», especializada en blanquear dinero en las Islas del Canal.

«Obvias imputaciones»

El juez Ruz se vio obligado a tomarle declaración después de que la Sección Tercera de la Audiencia Nacional le instara a hacerlo ante las «obvias imputaciones delictivas al señor Pujol Ferrusola y a miembros de su familia» que se desprendían, en su opinión, del testimonio prestado por Álvarez a la Policía. La Sala pedía al magistrado que escuchara su testimonio y, a posteriori, decidiera la continuación de las diligencias (como así ha ocurrido) o constatara el «desvanecimiento de la significación penal de los hechos denunciados».

En su resolución, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional recuerda lo manifestado por la ex novia de Pujol Jr. en relación al traslado de «importantes cantidades de dinero en efectivo por parte del denunciado desde Andorra a Madrid» y a la actividad comercial supuestamente desarrollada por éste en Andorra y en otros países, coincidente en algunos extremos con el informe remitido por la Agencia Tributaria el pasado 5 de marzo.