Rajoy baraja una sesión de investidura a finales de agosto

Habla con Sánchez y Rivera por el desafío catalán y les cita en el Congreso. El adelanto a septiembre de las elecciones vascas deja un nuevo escenario con el PNV

Mariano Rajoy, ya como candidato del Rey Felipe VI a la investidura, abrió de nuevo ayer conversaciones formales con el líder socialista, Pedro Sánchez, y con su homólogo en Ciudadanos, Albert Rivera. Rajoy habló por la mañana con ellos para informarles de las decisiones que iba a adoptar el Consejo de Ministros respecto al desafío independentista en Cataluña, y de esas conversaciones salió también el acuerdo sobre las entrevistas que mantendrán la próxima semana en el Congreso. Rajoy recibirá a Sánchez el martes y el miércoles se verá con Rivera. El presidente en funciones también conversó con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, pero sólo del desafío catalán, descartada por completo su colaboración en su investidura. El plazo para negociar es agosto. Aunque el adelanto de las elecciones vascas abre otra vía en el escenario. Esos comicios, y las gallegas, que en principio están previstas para octubre, dificultan aún más la negociación a Rajoy. Tanto por el lado del PNV como por el de socialistas y de Ciudadanos. Al líder popular le viene bien que cuanto antes se resuelvan estas contiendas electorales. Antes de las vascas nunca va a tener el apoyo del PNV. En Moncloa barajan que pueda celebrarse una sesión de investidura a finales de agosto, porque estirar más los tiempos «no se aguanta». Si Rajoy perdiese, tendría dos meses de margen para volver a presentarse, antes de que se disolviesen las Cortes.

El líder popular permanecerá este fin de semana en Madrid y vuelve a citarse con los dos partidos de los que depende que se acabe el bloqueo político y que no haya unas nuevas elecciones, pero lo hace en un clima marcado por la negativa de estas dos fuerzas a reconsiderar la posición que ya han fijado, el «no» del PSOE y la «abstención técnica» por parte de C’s, lo que hace que Rajoy siga sin sumar los escaños necesarios para que salga adelante su candidatura. De hecho, tanto Sánchez como Rivera ratificaron incluso, tras reunirse con el Rey, que no están ni siquiera dispuestos a revisar su decisión de no negociar nada con Rajoy sobre su investidura, ni reformas ni un programa político, por ejemplo, aunque acepten reunirse con él si son citados por el candidato del PP.

Rajoy es consciente de que tiene muy poco margen de maniobra «cuando la otra parte no quiere negociar sino forzar primero una investidura fallida», denuncian en su entorno. En ese sentido, en Moncloa temen que Sánchez acuda el martes a la reunión sólo para exigirle que se presente a la investidura y para ratificarle que no puede contar con los votos de su partido, ni siquiera en la forma de una abstención. El líder socialista tiene que afrontar un proceso interno de primarias, y «parece que está dispuesto a anteponer su batalla por el liderazgo socialista por encima de todo», critican. En este contexto, poco importa que Rajoy ofrezca cambiar leyes o discutir cuestiones programáticas porque son otros condicionantes los que mueven el proceso. En Moncloa y en la dirección popular se han guiado hasta ahora por la premisa de que el tiempo y la presión de unas terceras elecciones harían que Sánchez rectificase hacia la abstención, pero, de momento, el líder socialista no da señales que avalen esa conjetura.

No son más optimistas con respecto a Rivera. La conversación que ayer mantuvo Rajoy con él se centró en el problema catalán, y de la que está fijada para el miércoles tampoco hay signos que lleven a pensar que hay algún margen para que el líder de la formación naranja reconsidere su decisión de abstenerse en la investidura del candidato popular. La tesis de que un «sí» de Ciudadanos impulsaría la abstención socialista falla ya en la primera hipótesis.

En este contexto, la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, optó ayer por no alterar la calculada ambigüedad que Rajoy utilizó para fijar posición sobre si acudirá o no a un debate de investidura si no consigue los apoyos necesarios para que sea aprobada su candidatura. Moncloa aparta el debate jurídico, sobre si Rajoy está o no obligado a acudir al Congreso una vez que ha recibido el encargo del Rey de que intente formar gobierno, y coloca el acento en el hecho de que lo que está en juego es si se va o no a unas terceras elecciones. «El problema constitucional es que después de dos elecciones sigamos sin Gobierno y sin que las instituciones puedan funcionar con normalidad», advirtió la vicepresidenta. Por tanto, el problema no sería jurídico, sino «de voluntad política».

Sáenz de Santamaría dejó en el aire si Rajoy se presentará a una sesión de investidura para pedir el respaldo de la Cámara. Y tampoco aventuró ninguna fecha para convocar el Pleno de investidura, aunque se le preguntó expresamente por la urgencia del PP para que ese Pleno se celebrara cuanto antes cuando el candidato era Pedro Sánchez. Ante esto, sentenció: «Entonces Patxi López (presidente del Congreso) sembró un precedente, y es que habló con el candidato entonces propuesto y tardó entre 12 y 15 días en convocar un Pleno». Ahora la Presidencia del Congreso está en manos del PP, de la ex ministra Ana Pastor, y esto da más margen a Rajoy para fijar el calendario. Moncloa insistió ayer reiteradamente en que los debates de investidura son para formar gobierno. «El reloj de la democracia, tal y como lo conciben algunos, no sirve. Ponerlo en marcha para que haya terceras elecciones y devolver a los ciudadanos la responsabilidad de nuevo no es una buena opción».

La vicepresidenta también se aferró al mensaje que apela a la responsabilidad para que pueda echar a andar la legislatura. «El presidente ha asumido su responsabilidad porque la tiene, pero todos tenemos una responsabilidad con nuestros votantes y con todos los ciudadanos, que es la de intentar dar una solución a este país, que necesita un Gobierno». Y como hizo Rajoy, recordó la urgencia de remitir al Congreso antes de finales de septiembre los Presupuestos para 2016 y la obligación de enviar a Bruselas, antes de mediados de octubre, el plan para cumplir con los nuevos objetivos de déficit fijados por la Comisión Europea.