Rajoy frena a sus barones y les garantiza igualdad en la financiación

El presidente se ratificó en su calendario para el segundo semestre de 2014 y negó «cambio de cromos» con Cataluña. Ignacio González urgió a la publicación de las balanzas fiscales para que Madrid pueda hacer frente a los servicios públicos

Hacía tiempo que en Génova no se celebraba un Comité Ejecutivo como el de ayer, con tanto debate y tanta participación en el turno de ruegos y preguntas. Al final las previsiones que se anticipaban desde las filas autonómicas se cumplieron y la dirección nacional no pudo evitar que el cónclave quedara marcado por la discusión sobre la reforma de la financiación.

Pero por encima del coro de voces se impuso la del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se ratificó en su calendario y en su hoja de ruta. Para los barones que han acentuado las presiones para que se acelere la puesta en marcha de otro modelo, Rajoy explicó ayer a puerta cerrada que hasta el segundo semestre de 2014 no se abrirá la discusión sobre la reforma del que está hoy vigente porque antes tiene que consolidarse el crecimiento económico y tiene, además, que echar a rodar la reforma fiscal que el Gobierno pondrá en marcha en el primer semestre del año que viene. En Moncloa sostienen que sin tener la radiografía de cómo queda el nuevo marco impositivo y su impacto territorial no se puede decidir sobre qué parámetros tiene que sostenerse el nuevo sistema de financiación autonómica. «Para dar ahora más a una comunidad habría que quitárselo a otra», sentencian.

Por tanto, un «no» a las presiones de la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho; del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y de otros «barones» para que este asunto se resuelva con rapidez. González exigía ayer en «El País» que la reforma estuviese aprobada en tres meses. También el presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, pedía ayer, en una entrevista en LA RAZÓN, que se acelere todo lo posible esta negociación, pero no marcaba plazos. Y la necesidad de que se resuelva cuanto antes la validaron el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Pero el calendario se mantiene.

Rajoy también desactivó las especulaciones sobre posibles acuerdos bilaterales o tratos de favor para Cataluña. Habían vuelto al centro del debate por la iniciativa de Sánchez-Camacho de mover ficha para intentar recuperar posiciones en Cataluña bajo la propuesta de una financiación «singular». Que es cierto que fue aprobada en un congreso regional, pero que tal y como la presentó, por su fondo y su forma, se ganó las críticas de sus compañeros por sonar a nacionalismo y por la sospecha de un hipotético acuerdo secreto con Rajoy. Éste lo desmintió ayer con una contundencia que calmó los recelos de Ignacio González, Bauzá o del gallego Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo. El presidente sostuvo ante su Ejecutiva que él no tiene «ningún pacto ni extraño ni no extraño, ni cambiará ningún cromo» con Cataluña, y que «no es verdad que esta comunidad esté mal financiada» También la líder de los populares catalanes intervino para matizar las declaraciones de hace ahora una semana, pero sin rectificarlas. Dijo que no pone en cuestión el principio de solidaridad interterritorial, pero insistió en que hay que tener en cuenta «las condiciones de cada uno». Entre quienes han criticado su propuesta hay comunidades (CC AA) como Madrid y Baleares que comparten, no obstante, el planteamiento de que en el nuevo modelo tienen que revisarse las aportaciones que cada uno hace al sistema y ver en qué se gastan otras CCAA el dinero que ellas entregan. Rajoy medió con un discurso en el que reivindicó con contundencia la equidad y la igualdad. El nuevo sistema de financiación tiene que «garantizar la equidad entre españoles», proclamó. Es decir, que «todos puedan acceder a los servicios públicos en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional». Según explicó la secretaria general, María Dolores de Cospedal, Rajoy negó validez a todas las informaciones de los últimos días sobre supuestas preferencias o discriminaciones positivas a favor de unos, como Cataluña, y en contra de otros. En diciembre el Gobierno publicará las balanzas fiscales, una de las exigencias crónicas del nacionalismo catalán, pero que hoy también reclaman otras CC AA que se sienten perjudicadas con la actual financiación, como es el caso de Baleares o Madrid. Rajoy ha aceptado esta demanda, que el Gobierno separa ahora de la presión nacionalista y la justifica en la conveniencia de dar transparencia. «Y de contar con la opinión de todos», a diferencia de lo que hizo el Gobierno de Zapatero con el actual sistema.