Rajoy quiere tener el plan anticorrupción antes de las elecciones

El enfado creciente de la opinión pública, con independencia de su adscripción ideológica, que se está generando por los escándalos de corrupción que compiten en protagonismo en las últimas semanas y meses pesa y se está dejando sentir en el cuartel general de Génova y en la «cocina» de La Moncloa. La tesis del sociólogo Pedro Arriola de que las elecciones las pierde siempre el que gobierna, y no las pierde si no deja el centro y los ciudadanos ven que sus bolsillos se recuperan, cojea algo en una situación excepcional como la presente.

La desafección ciudadana, el desgaste institucional, la crisis política que se suma a la crisis económica, cuenta también en los análisis electorales que empiezan a hacerse en Génova y en La Moncloa. Y en las filas populares hay preocupación por el coste de la corrupción para los partidos tradicionales, para socialistas y para ellos mismos, en beneficio del nuevo partido de Podemos. Un alto cargo del PP describe el actual escenario como una coyuntura complicada en la que, «como demuestra la historia, los partidos del descontento siempre sacan tajada si son capaces de enmascarar su ideología y mirar a un lado y a otro». «Y por ahí parece que están dispuestos a jugar», sentencian en Génova cuando se les pide una reflexión sobre el partido de Pablo Iglesias.

Rajoy no se va a separar del mensaje centrado en la recuperación económica, pero el Gobierno cree que de aquí a las próximas elecciones autonómicas y municipales es muy importante que salga adelante el plan de regeneración democrática que está en discusión en el Parlamento, con el mayor acuerdo posible, y si no, al menos, con el respaldo del PSOE. Los trabajos siguen avanzando sin plazos oficiales prefijados, aunque fuentes solventes confirmaron a este diario que lo lógico es que la negociación parlamentaria concluya antes de final de año. Es decir, que los proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo, el que afecta a la financiación de los partidos políticos y el que regula la figura del alto cargo, más los correspondientes añadidos, inicien su tramitación parlamentaria, por comisión y pleno, para esas fechas. Si del PP dependiese, los plazos se acortarían todo lo posible, pero «hay que contar con otras voluntades, no sólo la nuestra».

En cualquier caso, la idea con la que trabajan en la sala de máquinas de Moncloa es que los cambios legislativos estén aprobados como muy tarde antes de las elecciones autonómicas y municipales de primavera. Estamos hablando de un proyecto de regeneración democrática que viene del anuncio que hizo Mariano Rajoy en el Debate del Estado de la Nación de 2013, en un momento difícil porque el «caso Bárcenas» estaba en plena ebullición. Para enfriar la presión, el presidente se comprometió ante la Cámara con un ambicioso proyecto de regeneración democrática, que fue aprobado por mayoría del Parlamento como resolución final del debate. Aquella resolución que mandataba al Gobierno para buscar un gran acuerdo entre los partidos sumó los votos de CiU, PNV, UPyD, ERC, UPN, Compromís, Foro Asturias y Coalición Canaria. Se abstuvieron el PSOE y la Izquierda Plural.

El pasado mes de marzo, la vicepresidenta puso en marcha una ronda de contactos que fue interrumpida con motivo de las elecciones europeas, y que se retomó en septiembre, en el arranque del nuevo curso político. El Gobierno busca un gran acuerdo, pero sacará adelante su plan en cualquier caso, y como arriba se adelanta, no quiere dejarlo para después de las elecciones de primavera. Unos comicios bastante complicados y en los que por medio puede cruzarse incluso la apertura del juicio oral por el «caso Gürtel».

En los encuentros celebrados, en los que el Gobierno y PP han estado también representados por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y por el portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, en la negociación han entrado otros temas como el de reducir los aforamientos. Al tiempo que en el debate se abría la puerta a modificar la actual legislación de los indultos para reforzar la importancia del criterio del tribunal sentenciador y limitar los indultos políticos. En la mesa está también la Ley de Transparencia, pero por el camino parece que ha caído la propuesta inicial del PP de reformar la Ley Electoral para cambiar el sistema de elección de alcaldes.