Rato busca juez diez días después

Diez días después de la detención de Rodrigo Rato y de la maratoniana jornada de registros en su domicilio y en su despacho, el ex ministro no sabe ante qué juez terminará declarando en relación con los cinco delitos fiscales y otros dos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes que se le imputan en este procedimiento.

La Fiscalía de Madrid, que instó de forma urgente esas medidas, se vio obligada a dejar la investigación en manos de la Fiscalía Anticorrupción conminada por la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. Casi al unísono, el juez encargado del caso, Antonio Serrano-Artal, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, acordaba una inhibición «exprés» en favor del magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que investiga a Rato desde hace meses –a raíz de una querella impulsada por UPyD– por las supuestas irregularidades en la salida a bolsa de Bankia y por el uso de las polémicas «tarjetas black» en la entidad. Serrano-Artal entiende que la última investigación judicial abierta al ex presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) estaría vinculada con el «caso Bankia», pues Rato habría tratado de eludir el pago de la fianza civil de 133,3 millones (reducida el pasado viernes por al Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a 5,6). Esa «conexidad» avalaría, con la ley en la mano, que el juez Andreu se hiciese cargo del asunto, siempre y cuando el magistrado compartiese ese mismo criterio.

¿Hay conexidad?

La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, piensa todo lo contrario y tardó muy poco en recurrir en apelación la decisión del juez de Madrid de enviar la investigación a la Audiencia Nacional. Con estas premisas, la decisión salomónica corresponde ahora a la Sección número 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. Si avala los argumentos de Anticorrupción, al juez Serrano-Artal no le quedará más remedio que seguir adelante con la instrucción de la causa mientras no afloren indicios sólidos de esa conexidad a la que alude.

Por el contrario, si la Audiencia Provincial respalda al magistrado, será al juez Andreu a quien corresponda decidir si acepta o no la inhibición cursada por su compañero de los juzgados ordinarios. Si el magistrado, como parece, respalda los argumentos de Anticorrupción y rechaza que las causas que instruye contra Rato estén relacionadas con la última investigación por delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes, tendría que intervenir el Tribunal Supremo para dirimir la controversia si el juez Serrano-Artal persistiese en su criterio.

El proceso, en marcha

Pero, mientras se resuelven esos dimes y diretes judiciales, el procedimiento no se paraliza. A día de hoy, el juez de Madrid sigue siendo competente para investigar a Rato. De hecho, tiene ya sobre la mesa una batería de diligencias solicitadas por la Fiscalía en una causa que continúa declarada secreta.

Otra cosa es que, con la competencia en disputa, el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid cite a declarar a Rato como imputado. Fuentes jurídicas apuntan a que esperará, por un lado, a que se pronuncie la Audiencia Provincial y, en su caso, el propio juez Andreu. Por tanto, el ex ministro tendrá que esperar para conocer la identidad del juez ante el que tendrá que comparecer para dar explicaciones de los hechos que se le imputan.

Al margen de que esta última investigación esté vinculada o no a las causas abiertas en el juzgado de Andreu, el «caso Rato» podría terminar en la Audiencia Nacional si a lo largo de la investigación se infiere que los hechos han ocasionado «una grave repercusión» en la economía nacional, han afectado a una «generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia» o si el hipotético blanqueo se ha llevado a cabo en el extranjero a raíz de una supuesta actividad delictiva cometida por el ex ministro. Unos supuestos que, según Anticorrupción, no se han podido aquilatar ni siquiera mínimamente en una fase «tan incipiente» de la instrucción.

Así las cosas, y al margen del rumbo que tome este procedimiento, Rato continúa imputado por varios delitos societarios en el «caso Bankia» –por falsear suspuestamente las cuentas de la entidad en su salida a bolsa– y por administración desleal y apropiación indebida en la causa abierta, también por Andreu, por la utilización de las «tarjetas black» de Caja Madrid y Bankia.

Además, el juez de la Audiencia Nacional investiga el pago a Rato de 6,1 millones del banco de inversiones Lazard en 2011 por unos trabajos de asesoramiento. Andreu ya rechazó el pasado diciembre el ingreso en prisión de Rato, como pedía UPyD, y ahora tiene que pronunciarse sobre la retirada de su pasaporte.