El Gobierno frena las causas contra Don Juan Carlos ante tribunales ordinarios

Con el apoyo de Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro (UPN), el Grupo Popular registró ayer dos enmiendas en el Congreso para regular el aforamiento civil y penal del Rey Don Juan Carlos ante el Tribunal Supremo. Como adelantó este periódico el pasado miércoles, la vía utilizada para que la reforma entre en vigor de manera rápida, en julio, es la Ley Orgánica complementaria de la Ley de Racionalización del Sector Público, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

A través de una de las enmiendas se establece que las salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de «todas las acciones civiles y penales dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, los Príncipes de Asturias, así como contra el Rey o Reina que hubiera abdicado y su consorte». El Gobierno, delegando la acción legislativa en el Grupo Popular para acelerar el proceso, cubre de esta manera algunos vacíos legales que deja el relevo histórico en la Corona que se ha concretado esta semana, y regula y acelera la protección jurídica de los Reyes salientes, Don Juan Carlos y Doña Sofía, de la Reina Letizia y de la Princesa de Asturias, Leonor. El anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ya recogía la protección de los herederos al trono y del consorte del Rey, pero tardará alrededor de un año en estar aprobado, ya que tiene que seguir su curso, la correspondiente tramitación parlamentaria.

La justificación legal es que el artículo 57.5 de la Constitución dispone que las «abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica». En la exposición de motivos de esta enmienda, el PP recuerda también que la figura del Rey está constitucionalmente revestida de la inviolabilidad e inmunidad que, tanto los antecedentes históricos como el derecho comparado, atribuyen al jefe del Estado. Por ello, todos los actos realizados por el Rey o la Reina durante el tiempo que ostentaren la Jefatura del Estado, cualquiera que fuera su naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad y exentos de responsabilidad. Producida la abdicación, la enmienda sostiene que la adaptación de la normativa vigente a la nueva situación exige tener en cuenta «tanto la dignidad de la figura de quienes han sido Reyes de España, como el tratamiento dispensado a los titulares de otras magistraturas y poderes del Estado». «Similares razones concurren en la necesidad de dotar del adecuado aforamiento ante el Tribunal Supremo a las figuras de la Reina consorte o el consorte de la Reina y de los Príncipes de Asturias», añade el texto.

Por una segunda enmienda, se establece que todos los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la disposición arriba explicada se suspenderán en el estado en el que se encuentren y deberán ser remitidos inmediatamente a la Sala competente del Tribunal Supremo. La justificación es «la coherencia con la enmienda anterior». De esta forma, todos los procedimientos iniciados serán paralizados y cualquier causa contra Don Juan Carlos ante un tribunal ordinario pasará inmediatamente al Supremo una vez entre en vigor esta reforma legislativa, que pueda estar aprobada en varias semanas.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha buscado para esta reforma el apoyo del todavía hoy secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en una coyuntura difícil por la situación interna que atraviesan los socialistas. En el proceso de relevo en la Corona, Rubalcaba ha actuado como un hombre de Estado, pero su margen se agota a medida que se acerca el Congreso extraordinario para relevarle y los candidatos toman posiciones en esa carrera sucesoria. La negociación sigue abierta, y en estos momentos el Gobierno maneja dos posibilidades, la abstención o el apoyo del PSOE, según la información que ha recibido desde la dirección socialista. Pero la interinidad en el liderazgo del PSOE «obliga a dejarlo todo un poco en el aire», sentencian. Los dos únicos partidos que han confirmado su apoyo son UPN y Foro Asturias, que están en el Grupo Mixto. Después de solicitar que se ampliara hasta ayer el plazo de presentación de enmiendas de esta reforma que afecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial, relacionada con las condiciones laborales de los jueces y de otras medidas de la reforma administrativa, las dos enmiendas añadidas se aprobarán el martes en la comisión de Justicia y a partir de ahí completarán con urgencia su tramitación en el Congreso y luego en el Senado.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, instó ayer a los demás grupos parlamentarios a que reflexionen y a que actúen con coherencia ante la iniciativa para hacer efectivo el aforamiento de Don Juan Carlos ante el Tribunal Supremo. En ese sentido, recordó que en nuestro país hay muchos aforados y que los diputados y senadores que van a votar esta propuesta también lo son. «Llamo a la reflexión en un punto: hay muchos aforados en España, entre ellos muchos de nosotros que somos diputados, y aquí estamos hablando de la Jefatura del Estado», concluyó.