Sáenz de Santamaría: «La transparencia ha venido para quedarse»

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado hoy que la transparencia y la rendición de cuentas de las administraciones y los servidores públicos "han venido para quedarse"y que ayudarán a mejorar la imagen y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. En el acto de constitución de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno celebrado en el Senado, Sáenz de Santamaría ha señalado que la transparencia es la mejor garantía de que la gestión de lo público y la administración responde a los intereses generales.

Ha afirmado que uno de los factores que contribuyen a que los ciudadanos confíen en sus gobernantes es que conozcan en qué se gastan sus impuestos como un "elemento de juicio"de la administración pública.

"La transparencia ha venido para quedarse", ha proclamado la vicepresidenta del Gobierno, que cree que la democracia española ya no podrá entenderse en el futuro sin esta herramienta de información al servicio de los ciudadanos.

Ha recordado que han hecho falta diez legislaturas para que viera la luz la Ley de Transparencia y se pusiera en marcha su Portal, abierto desde hace algo más de un mes y que publica desde los salarios de los miembros del Gobierno o sus asesores, a contratos de la administración o bienes inmuebles de propiedad estatal.

Sáenz de Santamaría también ha valorado el importante "papel dinamizador"del que serán protagonistas los propios ciudadanos, con las preguntas concretas que dirijan a la administración a través del Portal de la Transparencia.

Ante este reto, ha destacado la importancia de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, que velará por el cumplimiento de esta ley y forjará "mecanismos institucionales de supervisión"en el objetivo compartido de "reforzar la democracia"y "mejorar el diálogo con los ciudadanos".

En este objetivo ha valorado el perfil de la presidenta del Consejo, Esther Arizmendi, una funcionaria de amplia experiencia que ha trabajado con gobiernos de distinto signo político.

Arizmendi, en su comparecencia el pasado 20 de noviembre en el Congreso, se comprometió a trabajar con independencia, plena libertad y sin "carnés".

Hoy ha destacado el cambio histórico que suponen las normas de transparencia en las relaciones entre los ciudadanos y la administración.

De ser titular, la administración es ahora meramente depositante y custodio de una información y unos datos que son propiedad de los ciudadanos.

Ha agradecido el apoyo de las diferentes instituciones en esta tarea y se ha comprometido a trabajar "sin descanso"contando con legitimidad, independencia y vocación de servicio público.

En esta misma línea, el presidente del Senado, Pío García-Escudero, ha subrayado que la Ley de Transparencia pone a España al día en cuestiones que eran "inexcusables"en una democracia de calidad.

Se trata, ha recordado, de abrir vías para una efectiva fiscalización de la actividad pública, el cómo y el por qué se toman determinadas decisiones y se gastan los recursos públicos.

A su juicio, la verdadera democracia no es la que se proclama como un "valor abstracto"sino la que se ejerce "a diario"y la que se fortalece desde la responsabilidad de cada uno de los servidores públicos y la "participación activa"de los ciudadanos.

Los vocales de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno representan a distintas instituciones del Estado y fueron nombrados por el Consejo de Ministros del pasado 12 de diciembre, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia.

Además de Esther Arizmendi, como presidenta del Consejo, el Gobierno ha designado como vocales de la Comisión a la diputada del PP Pilar Cortes, a propuesta del Congreso, y al senador del PNV Jokin Bildarratz, a propuesta del Senado, ante la negativa del PSOE a ocupar un puesto en este órgano.

María José de la Fuente ocupa un puesto por el Tribunal de Cuentas, al igual que José Manuel Sánchez, que lo hace a propuesta de la defensora del Pueblo.

Los otros tres vocales son Agustín Puente, de la Agencia Española de Protección de Datos; María Pía Junquera, directora general de Organización Administrativa y Procedimientos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y José Luis Martínez Almeida, director de la División Jurídico Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.