Sánchez negocia amortizar parte de los 6.000 millones que le exige Torra

Concretar las inversiones en infraestructuras pendientes o «absolver» a Companys, entre otras medidas.

A cinco días de la reunión en La Moncloa entre Pedro Sánchez y Quim Torra ambas partes se encuentran inmersas en trazar el orden del día que regirá el encuentro. Una cita que tanto para el Gobierno como para La Generalitat supone una primera toma de contacto, un punto de partida para seguir avanzando en el futuro hacia la eventual resolución del conflicto. Mientras que desde el soberanismo se apela a postulados máximos, como el referéndum de autodeterminación o la excarcelación de los presos del «procés», que hoy comenzarán a llegar a cárceles catalanas; en Moncloa se trabaja sobre un borrador de propuestas realizables y beneficiosas para los intereses de la Generalitat. Hay expectación en Cataluña sobre el planteamiento que se traslade desde Moncloa, que según les aseguran «será una oferta que no podrán rechazar». El Gobierno estudia amortizar parte de los 6.000 millones en los que cifra el Ejecutivo de Torra la deuda del Estado con Cataluña. El Govern ya ha avanzado que esto sería «un gesto» que supondría cumplir «con todo lo que está acordado». Como parte de esta abultada cuantía estarían la financiación pendiente para los Mossos d’Esquadra (688 millones), la disposición adicional tercera del Estatut del ejercicio 2008 (750) y del periodo 2009-13 (2.951) y las aportaciones para la Ley de la Dependencia por valor de 1.500 millones de euros.

Dentro de las propuestas que Sánchez medita para desbaratar el «procés» también estaría el plan que trazaron los socialistas hace justo un año para alumbrar una solución al conflicto antes del «choque de trenes» del 1-O: La «Declaración de Barcelona». El entonces líder del PSOE y el primer secretario del PSC pactaron antes del referéndum una serie de ambiciosas ofertas para salvar el conflicto y que funcionarían de base ahora para la futura negociación. Entre ellas están aplicar la disposición adicional del Estatut, que prevé que los Presupuestos Generales del Estado dediquen cada año a infraestructuras en Cataluña lo que esta comunidad pesa en el Producto Interior Bruto total de España, esto es, en torno al 18% del total. A estas cifras concretas habría que añadir también la disposición del Ejecutivo a concretar algunas de las inversiones pendientes en infraestructuras, como finalizar la construcción del Corredor Mediterráneo desde Algeciras hasta la frontera francesa con conexiones a los puertos de Barcelona y Tarragona, mejorar la red de cercanías, finalizar las obras de soterramiento en diversos municipios catalanes y aumentar la aportación del Estado al metro de Barcelona.

Al margen de lo puramente económico, la «Declaración de Barcelona» también preveía un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propio para Cataluña; el reconocimiento de la institución de las veguerías como entidad local distinta de la provincia; transferencias pendientes en materias como salvamento marítimo y protección civil, formación sanitaria especializada; hacer la ciudad de Barcelona sede de organismos estatales; aprobar una Proposición de Ley Orgánica de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España o abordar cuestiones de Memoria Histórica como la anulación radical y expresa del juicio al president Lluís Companys.

Todos estos cuestiones que demanda la Generalitat o que ofrece el Gobierno se vehicularán a través de las cuatro comisiones bilaterales mixtas con el Estado que se reactivarán a partir de la reunión entre Sánchez y Torra. Éstas serán la comisión bilateral Generalitat-Estado, que estará presidida por parte catalana por el conseller de Exteriores, Ernest Maragall; la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales; la comisión bilateral de Infraestructuras y la comisión mixta de Transferencias Estado-Generalitat. El funcionamiento y el éxito de estas comisiones dependerá de que la reunión del 9 de julio alumbre la posibilidad de un «diálogo sincero» entre ambas partes. Desde las filas independentistas ya se da por seguro que la cita entre Torra y Sánchez no arrojará «acuerdos muy adelantados», pero la idea es que este encuentro solo abra la espita para próximas reuniones. Este posicionamiento, abierto a explorar vías de diálogo más allá de la cita en La Moncloa, supone una evolución en el discurso sostenido por los independentistas, respecto al cerrazón en torno al «referéndum o nada» que habían mantenido hasta escasas fechas. En las filas soberanistas son conscientes de que el Ejecutivo no va a transitar la autodeterminación y buscan una vía alternativa para no quemar los puentes.

«Hay que hablar con franqueza y saber qué recorrido podemos hacer juntos», señalo ayer la portavoz del Govern, Elsa Artadi que está trabajando en un orden del día en tres ejes: dónde estamos y por qué; los diferentes pasos que se pueden dar, y un tercer bloque sobre «cómo pretenden afrontar que dos millones de personas en Cataluña quieran dejar de ser españoles». Además, también se pretenden afrontar cuestiones como «la presencia del franquismo en el Estado». Este orden del día todavía no está cerrado, será mañana cuando –por vía telemática– contacte con la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, para fijarlo definitivamente.