Sánchez rebaja su exigencia ética para aguantar en Moncloa

El presidente deja la legislatura en manos de los soberanistas como coartada para adelantar elecciones.

Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez –que sigue en sede vacante con su presidente de viaje oficial en Nueva York– se estaba reponiendo del goteo continuado de filtraciones de las controvertidas conversaciones entre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el ex comisario Villarejo, se le abre un nuevo frente. Esta vez relativo a la sociedad patrimonial Copenhague Gestores de Inmuebles S. L., constituida por el titular de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, junto a su mujer y bajo la que están registradas sus dos viviendas en Jávea y Madrid. El caso se asimiló rápidamente al del malogrado Màxim Huerta, que se vio obligado a abandonar la cartera de Cultura –apenas una semana después de tomar posesión de la misma– por un antiguo episodio de fraude fiscal. Un caso sobre el que se afanaron en marcar distancias. Primero, desde el propio ministerio, asegurando en una primera píldora informativa que no había nada irregular y después el propio Duque en una comparecencia pública, en la que reiteró la legalidad de sus actuaciones.

A mediodía, fuentes oficiales de Moncloa salieron al paso de la polémica, sentenciando que «no hay caso» y definiendo a Duque como «un gran ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, además de un ciudadano ejemplar». No obstante, en privado reconocían que suponía un «golpe inesperado», ya que toda la atención y la estrategia estaba orientada en sostener a la ministra de Justicia. Un Gobierno «fuera de órbita». Sobre la cabeza de Duque planeaba la misma espada de Damocles que cayó sobre Huerta, esa frase de Pedro Sánchez que en 2015, sin saberlo, marcaba el listón ético de su futuro Gobierno: «Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva. Ése es el compromiso que yo asumo con mis votantes y también con los españoles». Un compromiso y una exigencia ética que el presidente del Gobierno se ha visto obligado a rebajar para sostener a Delgado y a Duque en sus puestos y promover, así, la continuidad del Ejecutivo. «Un hat-trick de dimisiones haría caer al Gobierno», sostienen.

Duque se puso en contacto con el presidente Pedro Sánchez, al que explicó los pormenores de su situación. Según el propio ministro, el jefe del Ejecutivo le trasladó «todo su apoyo» y le animó a que «siga trabajando bien dentro del Gobierno». Para Moncloa las explicaciones que dio tanto en privado como en público son «satisfactorias» y no se valora promover su dimisión por ahora. La premisa con Duque es la misma que impera con Delgado, esto es, «aguantarles» hasta que las informaciones en su contra hagan insostenible su situación.

Por el momento, tanto Gobierno como PSOE han pasado de la estrategia defensiva a la ofensiva. El BOE publicará mañana en torno a 1.500 declaraciones de bienes de los altos cargos del PP y socialistas, según avanzó ayer la «Cadena Ser». A esto hay que añadir que desde el partido se está trasladando el mensaje de que todas estas informaciones son «ataques orquestados», una «cacería política contra el Gobierno de la dignidad», poniendo en duda la credibilidad de los medios que publican las informaciones. Un argumento victimista para tratar de desacreditar al mensajero y voltear la tortilla hacia los intereses del PSOE. En el partido creen que si siguen los «ataques indiscriminados», la situación acabará beneficiando al Ejecutivo.

Sin embargo, el desgaste es innegable y la aprobación de los Presupuestos, que está a la vuelta de la esquina, se antoja la coartada perfecta para promover el adelanto electoral para el que algunos ya cuentan los días. El propio Sánchez quiso ayer trasladar un nuevo elemento de inestabilidad al debate, dejando la continuidad de la legislatura en manos de los partidos soberanistas. «Si los independentistas priorizan el conflicto, entonces “game over” (fin del juego), iremos a elecciones», resolvió el presidente del Gobierno durante una entrevista en la sede de la agencia Reuters en Nueva York. El jefe del Ejecutivo volvió a reiterar su intención de llegar a 2020, pero insistió en que para ello es necesaria la «cooperación» de estas fuerzas. En los últimos días se han sucedido los gestos hacia los partidos secesionistas, con pronunciamientos en favor de poner fin a la prisión preventiva de los presos del «procés» por «empatía» o promover indultos para los mismos, con el ánimo de «tender puentes» y abandonar la vía judicial.

Sánchez ya anunció que no prorrogaría las cuentas de Rajoy, aunque sí está dispuesto a rescatar su senda de déficit para elaborar los suyos propios. Si la situación se complica en los próximos días, ante la inminencia de los actos del aniversario del 1 de octubre y el tensionamiento de las relaciones para alcanzar un pacto de cara a los Presupuestos, Moncloa tendrá la excusa para convocar. En el Gobierno ya manejan encuestas para explorar el momento propicio para llamar a las urnas.