Santamaría negociará con el PSOE el delito de financiación ilegal

En el Debate del Estado de la Nación del año pasado, y cercado por la polémica sobre el «caso Bárcenas», el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se lo jugó todo al anuncio de un Plan de regeneración democrática que en su núcleo ha sido ya aprobado por el Consejo de Ministros. En este debate Bárcenas ya no marca la agenda política. Hace un año Rajoy era casi el único convencido de que el «caso Bárcenas» iría diluyéndose con el paso de los meses hasta quedar amortizado para cuando llegase 2014. A ello responde, por ejemplo, la decisión de retrasar hasta principios de este año el Congreso Nacional del PP. De momento, los hechos le van dando la razón, aunque el relato judicial sobre el futuro del ex tesorero del PP no ha terminado de escribirse. Ayer el presidente consideró conveniente ratificarse en su compromiso en la lucha contra la corrupción: «De los casos de corrupción que tenemos noticia hoy se están ocupando en los tribunales. El Gobierno y este Parlamento, con reformas y medidas, trabaja y trabajará en la prevención y el castigo de los que se produzcan mañana», argumentó. Ya han pasado por el Consejo de Ministros el proyecto de ley orgánica de Control de la Actividad Económica-Financiera de los Partidos Políticos, que tiene como objetivo imponer más control y una mayor fiscalización; y el regulador del ejercicio de Alto Cargo de la Administración General del Estado, que clarifica sus obligaciones y los controles a los que debe someterse.

El tercer pilar de este Plan serán las medidas penales y procesales que el Gobierno pretende incluir en la reforma del Código Penal en tramitación en el Congreso, vía enmienda. Si Rajoy no dio más detalles que el de validar su intención de tipificar como delito la financiación ilegal de partidos es porque Vicepresidencia quiere negociar con el PSOE esta reforma para que tenga permanencia en el tiempo y salga refrendada por el mayor acuerdo político. En cualquier caso, con o sin pacto, el Ejecutivo la presentará antes de finales de marzo. Como adelantó este periódico, la intención es tipificar la falsedad contable por parte de las organizaciones políticas, entre otros motivos para reforzar la tutela de la transparencia del partido. La financiación ilegal requerirá de la falsificación de la contabilidad en la mayor parte de las ocasiones.

También trabajan en la tipificación desleal de los fondos del partido. Y dado que sus recursos son esencialmente públicos, y que están destinados a fines públicos, se aplicarán las penas de administración desleal de fondos públicos (malversación).

La reforma incluirá, asimismo, cambios en la legislación procesal para ganar en agilidad y en eficacia en la actuación de los tribunales.