Seis horas de preguntas para un jurado de cinco hombres y cuatro mujeres

El juicio por el asesinato de la ex presidenta de la Diputación Provincial de León Isabel Carrasco, quien también era presidenta del PP provincial , abatida a tiros el 12 de mayo de 2014, arrancó ayer con la selección del jurado, formado por cinco hombres y cuatro mujeres (además de otro hombre y otra mujer como suplentes), con edades de entre 34 y 65 años.

Nos hallamos ante un crimen de connotaciones inusuales, que por consiguiente no se suele dar a menudo. La víctima era presidenta provincial del Partido Popular y de la Diputación de León; la presunta homicida, esposa del inspector jefe de la Policía Nacional de Astorga; una de la acusadas de cooperación necesaria es la hija de ambos, y, por si esto resultara insuficiente, aparece imputada también por ese mismo delito, una agente de Policía Local de León. Para cada una de las tres mujeres el fiscal solicita 23 años por asesinato, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas.

Montserrat González, la madre –quien está previsto que declare hoy–, fue la encargada, presuntamente, de darle muerte con tres balazos disparados por la espalda en una pasarela peatonal sobre el río Bernesga de la capital leonesa; dos de los tiros fueron mortales de necesidad. «Efectuó con un revolver que llevaba cuatro disparos. De ellos, tres la alcanzaron, el primero en la parte media de la espalda, afectando al ventrículo izquierdo del corazón, y después, para rematarla y tras agacharse sobre Isabel, que había caído al suelo, otro en la mejilla izquierda, y el último, en la parte posterior de la cabeza», relata el fiscal.

Su hija Triana Martínez la esperaba en las cercanías para darle cobertura en la huida de la escena del crimen, según sostiene el fiscal en su escrito de acusación; y Raquel Gago, la policía local acusada también de cooperadora necesaria, se habría encargado, según el auto de hechos justiciables firmado por el magistrado presidente del jurado, de amparar el operativo homicida, aguardando en las inmediaciones con su vehículo para hacerse cargo del revólver con el que se efectuaron los disparos que acabaron con la vida de Isabel Carrasco.

La citada policía local, según la Fiscalía, conocía los «propósitos homicidas de las otras dos acusadas, y colaboró con ellas por amistad hacia Triana, con la que hablaba casi todos los días, y sabía por ella la enemistad que sentía hacia Isabel Carrasco».

Ese asesinato se produjo, según los hechos recogidos por el magistrado instructor de la causa, por la animadversión que sentían hacia Isabel Carrasco tanto Montserrat González como su hija, a la que acusaban de utilizar su cargo como presidenta de la Diputación y del PP de León para «perjudicar» a Triana cuando ésta trabajaba en la Diputación, «y reclamarle después diferencias salariales por dicho trabajo, así como en sus aspiraciones profesionales y políticas», dado que también estaba afiliada al Partido Popular.