Sólo 26 diputados rechazan la «indemnización» por 53 días de trabajo

De los 203 parlamentarios que tienen derecho a cobrar la denominada «indemnización de transición», sólo el 11,4 por ciento renuncia a ella.

Un total de 203 diputados van a cobrar la denominada 'indemnización de transición', una paga única que se abona a los parlamentarios que dejaron de serlo por la disolución de las Cortes, previa solicitud expresa de la misma. Se trata del 88,6 % de los 229 exdiputados que podían solicitarlo, lo que supone que sólo 26 han renunciado a esa compensación.

La cuantía de la indemnización corresponde al sueldo que los diputados cesantes habrían percibido durante los 53 días que median entre la disolución del Congreso --que tuvo lugar el 3 de mayo-- y la jornada de reflexión de las elecciones del 26 de junio.

Cada uno de ellos cobrará lo correspondiente a esos 53 días del sueldo base que venía percibiendo -2.813,87 euros- más los complementos que pudieran recibir en función de sus responsabilidades en el Congreso, lo que supone casi dos meses de salario.

Eso sí, la indemnización es incompatible con cualquier otro ingreso público o privado. Por ello, dos de los beneficiarios sólo cobrarán parte de la compensación porque en este periodo han encontrado otros ingresos.

En el Senado, sólo 13 de los 194 que tenían derecho a solicitarla han renunciado a cobrar la indemnización de transición, que en la Cámara Alta tiene una cuantía fija para todos los senadores: 8.345,16 euros.

Tras la disolución del Congreso sólo continúan siendo diputados y cobrando como tales los 121 miembros titulares y suplentes de la Diputación Permanente, el único órgano que sigue activo en los periodos entre legislaturas.

También pueden exigir la indemnización por cese

Celebradas las elecciones, los diputados y senadores que no repitan escaño y que no perciban ningún otro sueldo público podrán pedir una indemnización por cese, siempre que hayan estado en el Parlamento un mínimo de dos años.

Ese 'paro' será el equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional, fijada actualmente en 2.813,87 euros, por cada año de mandato y con un máximo de 24 meses. Esta prestación no se abonará de golpe, sino mes a mes para dar tiempo a ajustes y poder cesar el abono si hay un cambio en la situación laboral del exparlamentario.

Como consecuencia de la corta duración de la XI Legislatura, la Cámara va a tener que hacer frente a la vez a varias indemnizaciones: las de transición de los diputados que dejaron de serlo el 3 de mayo, las de cese que todavía paga a 27 exmiembros del Congreso que se disolvió en diciembre y las que de cese que deberá abonar a aquellos que no consigan escaño en junio y tengan derecho a percibirla.