Sólo 500 inmigrantes piden votar el 9-N

La Generalitat amplía los plazos para registrar la solicitud de voto tanto para extranjeros como para catalanes en el exterior

El plazo para que los inmigrantes comunitarios y extracomunitarios se registraran para poder votar en la consulta del 9 de noviembre finalizaba ayer, al igual que el de los catalanes residentes en el extranjero. Sin embargo, la Generalitat piensa ampliar estos plazos que figuran en el decreto de convocatoria del 9-N, a pesar de que el texto permanece suspendido por el Tribunal Constitucional (TC). Probablemente no es mala idea que la Generalitat amplíe plazos, ya que los datos registrados hasta ahora son más bien preocupantes para el Gobierno y los partidos que impulsan la consulta.

Según datos oficiales a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, apenas 500 inmigrantes se han inscrito. Es decir, que los esfuerzos de Àngel Colom, el antiguo dirigente independentista ahora resituado en la secretaría de inmigración de Convergència han sido en balde. Conviene recordar que según las cifras de la Dirección General de Inmigración de la Generalitat, hay 1.138.775 extranjeros afincados en Cataluña, es decir un 15,1 por ciento de la población total (7.556.664 personas, a 1 de enero de 2014).

Cuando el futuro era negro

Quizás hay razones que deberían buscarse en los tics racistas que ha mostrado en ocasiones el nacionalismo catalán hacia las comunidades de inmigrantes, que no pueden ser ocultados por el machacón discurso de la cohesión social. Ahora se les pide que voten por la independencia, pero en su día el histórico líder de Esquerra, Heribert Barrera, advertía contra la población inmigrante: «Veo un futuro un poco negro. Si continúan las corrientes migratorias actuales, Cataluña desaparecerá». El líder republicano era condescendiente también con el líder ultraderechista y xenófobo austriaco, Jörg Haider. «Cuando dice que en Austria hay demasiados extranjeros no está haciendo ninguna proclama racista».

Tampoco se quedó atrás, la otrora primera dama catalana. Marta Ferrusola decía en 2001 que «el problema es que las ayudas sólo sirven para los inmigrantes que acaban de llegar. Tienen poca cosa, pero lo único que tienen son hijos». A la vista de los datos los «chonis que son soberanistas», según dijo Jordi Pujol, no son tantos.

Tampoco mejoran los datos del registro de catalanes en el extranjero. De un colectivo de 211.000 personas, según datos de la Generalitat, solamente se han inscrito 2.457. Estos ciudadanos se han apuntado a pesar de la inexistencia de las siete comisiones territoriales de seguimiento que hasta el día de ayer, su constitución no fue publicada en el DOGC, el boletín oficial de la Generalitat.

La Consejería de Gobernación, dirigida por la vicepresidenta, Joana Ortega, señaló ayer que consideraba cerrados los centros de votación en todos los ayuntamientos catalanes, acogiéndose al silencio administrativo. Si un ayuntamiento no ha presentado alternativas, los centros elegidos por la Generalitat serán los que acojan los centros de votación de una consulta que, hoy por hoy, está suspendida. La realidad es que sólo 99 ayuntamientos habían confirmado los colegios designados por la consejería. Asimismo, los consistorios catalanes deben nombrar un coordinador electoral. Solamente lo han hecho 263. Muchos menos municipios que alcaldes gritaron enfervorecidos a favor de la independencia en el Palau de la Generalitat.

Según el decreto de la Generalitat, los ayuntamientos tenían hasta el día de ayer para comunicar al Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales su propuesta de locales y mesas de consulta de su municipio, pero según Homs no hay fechas límite. Al fin y al cabo, el decreto está suspendido por el Tribunal Constitucional.