Suiza revisa la autorización al juez Ruz para utilizar su documentación en el caso Gürtel

El Tribunal Penal Federal de Suiza revisará, a petición del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas y su apoderado ante los bancos del país, Iván Yáñez, la autorización que el Departamento Federal de Justicia y Policía dio en abril pasado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para que la documentación que le ha facilitado en el marco del 'caso Gürtel' se utilice en un futuro juicio oral, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Un juez de este tribunal ha suspendido cautelarmente la resolución de las autoridades suizas, que fue remitida a la Audiencia Nacional el pasado 14 de abril, al atender un recurso presentado por los abogados de Bárcenas y Yáñez, que esgrimieron que no se les escuchó en audiencia previa durante el procedimiento.

Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas señalan que la suspensión temporal de la autorización constituye un trámite habitual hasta que el tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto y decida finalmente si los documentos remitidos al Juzgado Central de Instrucción número 5 se pueden utilizar para "enjuiciar los actos de fraude fiscal"que se imputan a Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias;

y los cabecillas de la trama.

Del mismo modo, apuntan que al extesorero del PP se le atribuye además el delito de blanqueo de capitales, por lo que podría autorizarse la utilización de la documentación también por este tipo penal.

DELITO EN SUIZA

En la resolución recurrida, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Unidad de Asistencia Mutua del Departamento Federal de Justicia y Policía de la Confederación Suiza señalaba que los hechos investigados constituyen también en el país helvético un delito de fraude fiscal, lo que permite que la información remitida en las sucesivas comisiones rogatorias sea utilizada en un eventual juicio oral.

"Tras examinar su solicitud y dada la explicación que ésta contiene, le confirmamos que los actos que se mencionan en el apartado Tercero de los Hechos de su comisión rogatoria complementaria n 41 pueden calificarse de fraude fiscal según la legislación suiza", señala la misiva, fechada en Berna.

Las autoridades suizas recuerdan que, según su legislación, "las pruebas e información que las autoridades españolas obtuvieron por vía de la asistencia jurídica mutua de las autoridades suizas podrían usarse en el Estado requirente para enjuiciar actos que la legislación suiza califica de fraude fiscal sólo si existe el consentimiento previo de Suiza".

De esta forma, la información remitida por Suiza podrá ser utilizada para acusar tanto a Bárcenas y su esposa como a los presuntos cabecillas de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo; el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo; y otros imputados como los exalcaldes de Boadilla del Monte Arturo González Panero y Majadahonda Guillermo Ortega.

TRIBUTACIÓN EN SUIZA

Ruz dictó un auto el pasado 2 de abril en el que ampliaba la cuadragésima primera comisión rogatoria cursada a Suiza y solicitaba

a la División de Cooperación Internacional de la Oficina Federal de Justicia la autorización prevista en la legislación helvética para "la utilización de la documentación"remitida en esta causa en relación con los "hechos y delitos"que se investigan.

El juez realizó esta solicitud a partir de un informe del Ministerio Fiscal fechado el 25 de marzo pasado en el que se preguntaba a Suiza por "la eventual tributación de los fondos"de las cuentas que tenían en el país Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias,

y si podrían afectar a "la cuantificación de la cuota que por distintos impuestos podrían haber defraudado".

La Fiscalía detallaba en su escrito que en el 'caso Gürtel' se investiga "en esenecia"la actividad de los empresarios Francisco Correa y Pablo Crespo, "consistente básicamente en la obtención de adjudicaciones públicas mediante la entrega de dádivas a funcionarios competentes o con influencia en esa contratación y por la que percibirían las correspondientes comisiones irregulares". También se persigue "la posible ocultación de los beneficios de esa actividad tanto para los cargos públicos como para los particulares intervinientes".