Susana Díaz llega a la presidencia con los escándalos sin resolver

El entorno de Griñán se ha quejado en sucesivas ocasiones de la herencia recibida por Chaves. Con el caso de los ERE como el más paradigmático, también ha tenido que lidiar con otros como las irregularidades en Invercaria o en Bahía Competitiva. En cuatro años como presidente andaluz (2009-2013), Griñán ha estado permanentemente señalado por su actuación anterior al frente de la Consejería de Economía y Hacienda, departamento del que depende orgánicamente la Intervención General, que avisó hasta en 15 ocasiones del fraude. La renuncia del todavía jefe del Ejecutivo andaluz –mañana comunicará su dimisión oficialmente al Consejo de Gobierno y comparecerá en rueda de prensa– está ligada al desgaste sufrido por la causa que instruye la jueza Mercedes Alaya y que, aún sin resolver, heredará Susana Díaz. Griñán se queja amargamente de Chaves –su relación de amistad se ha roto– pero a su sucesora no le deja un panorama mejor del que recibió.

A la consejera de Presidencia e Igualdad se le suman los problemas. El último el de las presuntas facturas falsas de UGT aprovechando el dinero para cursos de formación para desempleados que generosamente le otorga todos los años la Junta de Andalucía. Un nuevo escándalo con el dinero destinado a las políticas activas de empleo en la comunidad autónoma con la tasa de paro más alta de España –35,79 por ciento según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2013–. La financiación del sindicato está en el punto de mira y la Fiscalía Superior de Andalucía ha ordenado a la unidad adscrita de Policía Judicial que investigue la gestión de los fondos. El Ejecutivo andaluz aún no ha decidido si se personará en la causa pese a contar con pruebas inequívocas de acciones irregulares por parte del sindicato «hermano» del PSOE.

Pero el escándalo de UGT no se limita a las facturas con cargo a programas de formación. En Andalucía, Chaves y Griñán han impulsado desde 1993 los Acuerdos de Concertación entre Gobierno, UGT y CC OO, y la patronal, los denominados «agentes sociales y económicos». Entre los tres han diseñado la política económica del Ejecutivo y han participado en la movilización de alrededor de 120.000 millones de euros. Esa «tarta» también ha llegado a los sindicatos y el uso de estos fondos está ahora en entredicho. Otro asunto que deberá abordar la nueva presidenta y que puede erosionar a los aliados tradicionales del socialismo en Andalucía. El coste de la «paz social» ha sido elevado, pero la rentabilidad política indiscutible: el PSOE ha gobernado desde la instauración de la democracia.

Antes deberá conformar su Ejecutivo y se espera que de él salgan todos aquellos que puedan verse involucrados judicialmente en el asunto de los ERE. Con esta premisa, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; y el responsable de Economía, Innovación y Empleo, Antonio Ávila deberán salir. Ambos trabajaron con Griñán en su etapa al frente de Hacienda y en el caso de Martínez Aguayo ha admitido públicamente que recibió las alertas del Interventor General para trasladárselas al actual presidente del PSOE, cosa que no hizo.

Pero este panorama sombrío no afecta a las encuestas, que señalan que el PSOE recuperaría la hegemonía política que coyunturalmente perdió en las últimas elecciones autonómicas. El PP-A ganó por primera vez en la historia los comicios regionales de marzo de 2012, pero se quedó sin la ansiada mayoría absoluta. El pacto entre PSOE e IU propició que Griñán siguiera en la presidencia. Ahora, los socialistas sacarían unos siete puntos a los populares (36 por ciento contra 29 por ciento) e IU ascendería hasta rozar el 20 por ciento. UPyD podría obtener representación en la Cámara, según datos de la última encuesta de un centro de estudios de la Universidad de Granada y que se asemejan a otros sondeos en poder del PSOE andaluz –aunque la dirección socialista prefiere no confirmarlos públicamente–. El bipartito de socialistas y comunistas, de momento, tiene la continuidad asegurada. El feudo andaluz está a salvo.

Las cuentas de 2014 no cuadran

De manera inmediata, Susana Díaz tendrá que cuadrar el Presupuesto del año que viene y compaginar las exigencias de IU con el compromiso adquirido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que el déficit autonómico en 2014 no supere el 1 por ciento del PIB. Andalucía incumplió en 2012 y 2013 y la sustituta de Griñán tiene un problema de fechas: según el Estatuto de Andalucía, las cuentas del siguiente ejercicio deben remitirse al Parlamento antes del 31 de octubre. No hay dinero para el programa del bipartito y ya ha amenazado con llevar el reparto del déficit al Tribunal Constitucional. La política de confrontación tendrá un hueco en la agenda de la futura presidenta.