Susana Díaz pacta en Andalucía lo que el PSOE no apoya en el Congreso

Su plan anticorrupción copia el programa de regeneración democrática de Rajoy. También incluye medidas que prometió hace tres años y aún no ha ejecutado.

El plan de medidas contra la corrupción en el que ayer se envolvió Susana Díaz para atraer el apoyo de Podemos y de Ciudadanos en su investidura se sostiene en bastantes iniciativas importadas del proyecto de regeneración democrática que impulsó el Gobierno de Rajoy en el Congreso. Además, muchas de ellas no recibieron el apoyo de líder del PSOE, Pedro Sánchez. También incluye medidas de carácter estatal, es decir, que son declaraciones de intenciones sobre las que no tiene competencia. Y hay otras propuestas heredadas de la pasada legislatura andaluza que no vieron la luz, como la de regular el Buen Gobierno; o que, incluso, Susana Díaz formuló expresamente en su sesión de investidura de hace tres años y que hasta ahora no ha impulsado, como la de someter al escrutinio público y de la Cámara de Cuentas las cuentas anuales de los partidos.

Así, ya está tipificada la financiación ilegal de partidos, la ampliación del plazo de prescripción de los delitos por corrupción, la declaración nula de los contratos por corrupción y la vigilancia de los sobrecostes, además de que los condenados por corrupción no puedan firmar contratos públicos. También están prohibidas las donaciones privadas y está establecida ya la obligación de que las cuentas de los partidos se sometan a escrutinio público y del Tribunal de Cuentas anualmente.El nuevo Código Penal aumenta, asimismo, las penas de inhabilitación para empleo o cargo público y refuerza el castigo de los «delitos de corrupción» al introducir, por ejemplo, la posibilidad de denegar la libertad condicional cuando el condenado eluda la obligación de devolver las cantidades sustraídas del erario público o, en general, la reparación del daño económico causado a la Administración.

Propuesta de S. Díaz

Un gran acuerdo de todos contra la corrupción.

Medida del gobierno

Propuesta de un acuerdo global para la regeneración democrática, tomando como base los proyectos de ley presentados por el Gobierno e iniciando una negociación con las fuerzas políticas que se prolongó durante meses.

Postura del PSOE

Tras haber participado en las negociaciones, y haber alcanzado varios puntos en común, el PSOE se negó a apoyar el proyecto legislativo de regeneración democrática.

propuesta de s. díaz

Aprobación de una Ley de Buen Gobierno y Estatuto de Altos Cargos, que regule con la mayor precisión y exigencia todos los aspectos referidos al código ético, las incompatibilidades y un régimen sancionador en caso de incumplimiento de sus deberes. Reforzar en el ámbito andaluz la normativa necesaria para evitar las llamadas «puertas giratorias» de los responsables públicos y personal al servicio de la Administración pública.

Medida del gobierno

Se han aprobado ya la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que establece por primera vez con rango legal los principios y obligaciones que definen una gestión pública correcta y un régimen severo de infracciones y sanciones; así como la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, que recoge por primera vez un completo estatuto de estos cargos, definiendo requisitos, obligaciones e incompatibilidades, entre otros aspectos.

Postura del PSOE

Votó en contra de ambas leyes en el Congreso.

Propuesta de S. Díaz

Separar de inmediato a cualquier cargo (...) que mienta o manipule en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica.

Medida del gobierno

Se ha establecido en la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado la exigencia de requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo, así como la obligación de presentar y firmar una declaración responsable para ser designado, que será remitida a la Oficina de Conflicto de Intereses. Establece como infracción muy grave la presentación de declaraciones con datos o documentos falsos, lo que puede conllevar como sanción la destitución.

Postura del PSOE

Votó en contra.

Propuesta de S. Díaz

Separar de inmediato a cualquier cargo público, electo o designado que resulte imputado por corrupción política. También a quien mienta o manipule en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica.

Medida del gobierno

Se ha establecido, en la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos, una norma mucho más clara y mucho más estricta, al fijar la obligación de que los estatutos de los partidos recojan el procedimiento de suspensión de militancia para aquellas personas que se hallen incursas en un procedimiento penal y respecto de las cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción, así como la sanción de expulsión del partido de aquellos que hayan sido condenados por alguno de esos delitos.

Postura del PSOE

No apoyó esta ley.

Propuesta de S. Díaz

La remisión por todos los partidos políticos a la Cámara de Cuentas de Andalucía y la publicación vía telemática de su estructura orgánica y retribuciones si las tuvieran. Remisión anual a la Cámara de Cuentas de la contabilidad de los partidos políticos, haciéndolas públicas vía telemática para el conocimiento de todos los ciudadanos. Los ciudadanos deberán tener acceso a través de internet de toda la normativa interna de los partidos, de sus procedimientos de control y, por supuesto, de todas sus cuentas, ingresos y gastos.

Medida del gobierno

La publicación de su normativa, estructura orgánica, retribuciones y cuentas es una nueva obligación incorporada en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobada en 2013. La remisión de las cuentas de todos los partidos, independientemente de que reciban o no subvenciones, al Tribunal de Cuentas es una nueva obligación incorporada en la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos. Se incluye también la publicación de su información contable, incluyendo balance y cuenta de resultados, créditos pendientes de amortización, con especificación de la entidad concedente, el tipo de interés, el plazo de amortización, además de subvenciones y donaciones. En esta misma ley se establece la obligación de los partidos de publicitar sus cuentas en su web, además de una serie de consecuencias desfavorables para los partidos, como la retención del pago de subvenciones, en caso de no presentarlas al Tribunal de Cuentas y publicarlas.

Postura del PSOE

No apoyó en sus votaciones ni la Ley de Transparencia, ni la nueva ley de control de la actividad económico-financiera de los partidos.

Propuesta de S. Díaz

Los partidos deberán contar con órganos internos específicos anticorrupción con funciones preventivas y de control.

Medida del gobierno

Se han establecido ya obligaciones en este sentido en la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos, que recoge la obligación de establecer un sistema de prevención y supervisión («compliance») en las normas de funcionamiento de los partidos; además de otras obligaciones más concretas, como la aprobación de unas instrucciones internas en materia de contratación.

Postura del PSOE

No apoyó esta ley.

Propuesta de S. Díaz

Impedir donaciones a partidos, tanto de empresas como de directivos de éstas, así como las condonaciones de préstamos bancarios a los partidos políticos, apoyando las modificaciones incluidas en la reciente Ley 3/2015 de 30 de marzo.

Medida del gobierno

La Ley Orgánica de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos establece ya:

Prohibición de las donaciones a los partidos procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica.

Prohibición de las condonaciones de deuda a los partidos políticos por entidades de crédito.

Prohibición de la concesión o negociación de créditos en condiciones más ventajosas que las del mercado.

Reducción a 50.000€/año del límite de donaciones de personas físicas a partidos políticos.

Postura del PSOE

No apoyó esta ley.

Propuesta de S. Díaz

Los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos, deben hacerse responsables (patrimonialmente) de dichos actos. La tipificación del delito de financiación ilegal con responsabilidad penal de los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales.

Medida del gobierno

Se ha establecido la responsabilidad penal de los partidos políticos en la Ley Orgánica de reforma del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. Además, la eventual responsabilidad penal de un partido acarreará su responsabilidad civil. Se ha tipificado, por primera vez en nuestro país, el delito de financiación ilegal de partidos en la última reforma del Código Penal.

Postura del PSOE

El PSOE votó en contra de ambas reformas.

Propuesta de S. Díaz

Ampliar el plazo de prescripción de los delitos por corrupción.

Medida del gobierno

Se ha establecido en la última reforma del Código Penal la ampliación de los plazos de prescripción. En los supuestos más graves en los que se prevé que la inhabilitación tenga una duración máxima de al menos 10 años, se eleva la prescripción a 15 años.

Postura del PSOE

El PSOE votó en contra de esta ley.

Propuesta de S. Díaz

Reformar la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía, para reforzar la obligatoriedad de colaboración de las administraciones públicas con la acción fiscalizadora de este órgano, estableciendo la posibilidad de imposición de multas coercitivas a los responsables públicos que no rindan cuentas.

Medida del gobierno

Se ha regulado, en la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos, la colaboración de entidades integrantes del sector público y de entidades de crédito con el Tribunal de Cuentas. Además, se distinguen las labores de fiscalización que ha de realizar el Tribunal de Cuentas en los supuestos de partidos perceptores de subvenciones públicas y de los no perceptores. Por su parte, la Ley de Transparencia tipifica como infracción muy grave la falta de rendición de cuentas, pudiendo ser castigada esta infracción con la destitución del cargo y la imposibilidad de ser nombrado como tal durante un periodo de entre 5 y 10 años.

Postura del PSOE

No apoyó esta ley.

Propuesta de S. Díaz

Incluir en el Plan de Inspección de la Agencia Tributaria de Andalucía a aquellas entidades y personas implicadas en supuestos de corrupción.

Medida del gobierno

Se ha reforzado la vigilancia sobre un espectro mucho más amplio de personas, al ampliar, en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información pública y Buen Gobierno, el control sobre las personas con responsabilidad pública, al aumentar el número de sujetos obligados sobre los que se aplican las medidas reforzadas de diligencia debida en las relaciones de negocio u operaciones.

Postura del PSOE

El PSOE votó en contra.

Propuesta de S. Díaz

Ley de Participación Ciudadana y desarrollo de todos los instrumentos que propicien una participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Medida del gobierno

Se ha ampliado la capacidad de participación de los promotores de iniciativas legislativas populares en el Parlamento, mediante la modificación de la Ley Orgánica Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular por la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos, ya que a partir de ahora, una persona designada por la comisión promotora de la iniciativa podrá ser oída en la comisión competente por razón de la materia con carácter previo al debate de toma en consideración.

Postura del PSOE

El PSOE votó en contra.

Propuesta de S. Díaz

Cambiar la Ley Estatal de Contratos para establecer un mayor control sobre los mismos, limitando al máximo los procedimientos negociados.

Medida del gobierno

Se ha planteado ya un Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, el pasado 17 de abril de 2015.

Propuesta de S. Díaz

Creación de una Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción en Andalucía, destinada a prevenir, detectar y denunciar malas prácticas, con legitimación para instar de forma autónoma la incoación de procedimientos sancionadores en el ámbito administrativo, así como para denunciar ante el Ministerio Fiscal.

Medida del gobierno

Estas funciones ya las desempeñan la Oficina de Conflicto de Intereses, reforzada tras la entrada en vigor de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del alto cargo de la Administración General del Estado, así como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno creado en la Ley de Transparencia.

Propuesta de S. Díaz

Legislar en materia de transparencia de los cargos públicos y de los partidos políticos para hacer extensible, a todo el país, el compromiso que se propone adquirir en Andalucía.

Medida del gobierno

Más bien lo que pretende el PSOE-A es extender a Andalucía lo que ya se ha legislado en el Estado.