Terroristas y violadores, a las puertas de la libertad «gracias» a Estrasburgo

«¿Es igual uno que 132?, ¿Es igual un asesinato que 132 asesinatos?», «Saldrían a las calles los más peligrosos delincuentes sin cumplir la pena y sin rehabilitar». Éstos fueron dos de los rotundos mensajes que lanzó el abogado del Estado Isaac Salama durante su intervención, el pasado 20 de marzo, ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la que pidió que se revocase la sentencia de una de sus secciones, que estimó el recurso de la etarra Inés del Río que vino a anular la «doctrina Parot». Finalizó su intervención con la respuesta a esas preguntas dirigidas directamente a los 17 jueces de la Gran Sala: «Uno no puede ser igual que 132. Nadie puede entender que 132 sea igual a uno. La política penitenciaria de un Estado no puede dejar de ser sensible a este tema».

Sin embargo, todo hace indicar que el TEDH no ha tenido en cuenta esas rotundas alegaciones y prevé rechazar el recurso del Estado contra la revocación de la «doctrina Parot», según confirmaron a este periódico fuentes jurídicas. En un principio, las posiciones de los magistrados estaban divididas sobre la decisión a tomar, aunque la deliberación comenzó con un claro «seis a cero», que fueron quienes estimaron en primera instancia el recurso de la etarra Del Río, entre los que se encontraba el magistrado español Luis López Guerra. Por tanto, el objetivo era lograr que no más de dos jueces de los once restantes se sumaran a las tesis de la sección que estimó que con esa doctrina se producía una aplicación retroactiva de la ley.

Al parecer, finalmente, no se ha logrado esa mayoría que entendiese que se trataba de una medida de política penitenciaria, avalada por las más altas instancias judiciales españolas, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. «La cosa parece que va muy mal y todo parece indicar que se va a confirmar la sentencia de instancia», coincidieron en señalar las fuentes jurídicas consultadas al respecto.

Esta más que probable decisión del TEDH ha causado ya un profundo malestar en el Gobierno español, que verá como casi un centenar de terroristas pordían volver a campar a sus anchas, entre ellos el etarra Domingo Troitiño Arranz, miembro del «comando Barcelona» que atentó contra el Hipercor de Barcelona, en el que murieron 21 personas y otras 40 resultaron heridas; José Félix Zabarte Jaimaga, responsable del «comando Vizcaya» que acabó con la vida de 15 personas, entre ellas una mujer embarazada, y, por supuesto, el sanguinario Henri Parot, autor del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza , que es quien da nombre a este doctrina al ser el primero al que se aplicó la misma por parte del Tribunal Supremo, el 28 de febrero de 2006.

«Nos crea una situación muy complicada desde el punto de vista de política criminal» que se ha derivado de esta doctrina penal, «que no tiene nada que ver exclusivamente con el terrorismo, sino que afecta a una delincuencia mucho más amplia, de lucha contra la delincuencia que más alarma social causa en la sociedad española: violadores, asesinos múltiples, nacotraficantes, etc», se destaca desde fuentes próximas al Ejecutivo.

Además, se recuerda que la banda terrorista todavía no se ha disuelto ni ha entregado las armas y que una salida masiva de presos de ETA dificultará aún más que algunos de los miembros de este colectivo se pudiesen acoger a la «vía Nanclares» de reinserción.

Por el contrario, pueden considerar el fallo del TEDH como una «victoria contra el Estado e infundir moral a sus presos, para que no se mueva nadie» de la férrea disciplina que impone la banda a sus reclusos. «Un fallo contrario a "la Parot"va a cohesionar mucho más el mundo de los presos» etarras, se reconoce al respecto por los distintos sectores involucrados.

La posible revocación de la «doctrina Parot» hará que, de forma inmediata, los abogados de los delincuentes, terroristas o no, a los que se les haya aplicado la misma soliciten la puesta en libertad de sus defendidos, siempre que sus condenas estén ya cumplidas. Corresponderá entonces a los distintos tribunales sentenciadores resolver esas solicitudes, pero lo cierto es que tendrán poco margen de actuación para mantener en prisión a los que se les aplicó y que, de no haberlo hecho, habrían salido ya en libertad.

Esta posibilidad ya fue adelantada tanto por la Audiencia Nacional como por el propio Tribunal Supremo. El primero de esos órganos judiciales rechazó en noviembre de 2012 aplicar la sentencia de Inés del Río a 24 miembros de ETA con el argumento de que estaba pendiente la decisión de Estrasburgo. Algo similar evocó el pasado mes de febrero el Tribunal Supremo cuando acordó lo propio respecto al etarra Germán Rubenach Roiz, al considerar que la sentencia que dio la razón a la citada terrorista estaba «pendiente de firmeza y no es definitiva».

Pero, a la vez, ya dejaba claro que si se confirmaba la primera decisión, tal como parece que va a ocurrir, «mediante su refrendo por la Sala de tal órgano internacional llamada a conocer del recurso –el Tribunal Europeo de Derechos Humanos–, habrá que arbitrar los mecanismos necesarios para adoptar las decisiones que hayan podido recaer antes».

Incluso desde fuentes cercanas al Gobierno se reconoce que un fallo adverso de Estrasburgo abrirá las celdas de violadores, asesinos o terroristas. «No queda ninguna herramienta jurídica» que pueda frenarlo. En todo caso, se tiene la sensación de que se ha hecho todo lo posible para que se confirmase lo que se considera «no una ley, sino una interpretación jurídica de la ley», con una «defensa jurídica magnífica y la aportación de unos datos absolutamente sólidos en términos jurídicos».

Además, indemnizaciones

Y, junto a todo ello, se encuentra el tema de las indemnizaciones. Los afectados por la doctrina Parot reclamarán, a buen seguro, una indemnización al Estado por el tiempo que han permanecido en prisión por la aplicación de la misma. Sin embargo, en este punto, el Estado sí tiene herramientas para impedirlo, ya que las cantidades que les puedan corresponder por ese concepto se destinarán a cubrir las responsabilidades civiles a las que también fueron condenados.

Este más que probable revés desde Estrasburgo a la «doctrina Parot» será considerado como una afrenta por las víctimas del terrorismo; una «impunidad para los verdugos», para María del Mar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo; anular una doctrina que ha sido «la única que ha aportado justicia a este colectivo», en palabras de Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, o una injerencia en lo que afecta a la ejecución de una pena, para Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, tal como pusieron de manifiesto el día de la vista del recurso en Estrasburgo.