Política

La batalla legal y el acuerdo político contra el golpe soberanista

Rajoy y Sánchez escenificarán hoy su pacto antes de que el Consejo de Ministros recurra la moción secesionista. El presidente contacta con los grupos de la oposición: «Vamos juntos todos, porque España es cosa de todos». Moncloa trabaja en dos vías: la de la batalla legal y la que busca el consenso de los no independentistas

El presidente firmó ayer en el Ayuntamiento de Béjar la petición de un dictamen urgente al Consejo de Estado
El presidente firmó ayer en el Ayuntamiento de Béjar la petición de un dictamen urgente al Consejo de Estado

Rajoy y Sánchez escenificarán hoy su pacto antes de que el Consejo de Ministros recurra la moción secesionista.

Editorial: Democracia frente a separatismo. Artículos de: Enrique López «La declaración imposible»; Josep Ramón Bosch: «El asteroide Hispania»; Rafael de Mendizábal: «El inquietante destino de nuestra España» y Paul Gordon: «La irrelevancia internacional»

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, firmó ayer en el Ayuntamiento de Béjar, donde se encontraba en un acto del PP, la solicitud al Consejo de Estado de un dictamen urgente previo al recurso de inconstitucionalidad, que el Consejo de Ministros aprobará mañana. Inmediatamente será formalizado. Rajoy pedirá en él la suspensión de la resolución de forma automática, y solicitará al Tribunal Constitucional (TC) que se comunique a la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, que la iniciativa aprobada no tiene ningún valor ni puede tener ninguna consecuencia. Como dijo el pasado viernes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, una vez que sea suspendida por el TC será como si nunca hubiera existido.

Desde primera hora de la mañana de ayer, Sáenz de Santamaría siguió con su equipo de colaboradores el desarrollo del Pleno soberanista desde La Moncloa, perfilando a su vez la petición de informe al Consejo de Estado, que por la tarde llevaron personalmente a la sede de este órgano consultivo el subsecretario de Presidencia, Federico de Ramos, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. En su escrito, el Gobierno solicita al Consejo de Estado la elaboración de un informe urgente, en un plazo de veinticuatro horas.

Moncloa desplegó ayer una doble actuación. Por un lado, la dirigida a iniciar la batalla legal contra el golpe a la democracia aprobado en el Parlamento catalán. Por otra, y con implicación personal de Rajoy, la encaminada a blindar el consenso de los partidos no independentistas para trasladar en estas primeras horas un rotundo mensaje de unidad de los constitucionalistas. El objetivo es que ese acuerdo simbolice la unidad de la sociedad española y de los catalanes que no apoyaron la secesión en las elecciones del 27 de septiembre. Este acuerdo dejará hoy de nuevo la imagen de Rajoy con el líder de la oposición, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, para analizar juntos la estrategia legal y política a seguir frente al órdago rupturista. El Gobierno también está informando al resto de formaciones políticas, como se comprometió a hacer Rajoy en la primera ronda de contactos que mantuvo con los partidos antes de la votación que ayer se celebró en el Parlamento de Cataluña. Y en estas conversaciones a Ciudadanos también se le está dando un trato preferente. «Aquí vamos juntos todos, porque España es cosa de todos, pensemos como pensemos», sentenció el presidente del Gobierno en una comparecencia institucional.Rajoy subrayó también que la mayoría de la sociedad española está unida ante este desafío, mientras que en la sociedad catalana las pretensiones soberanistas no han hecho más que provocar incertidumbre y división.

«Tengo la convicción de que la mayoría de la sociedad desea que se defienda la unidad de la Nación española desde la unidad de las fuerzas políticas, y tengo la seguridad de que los españoles exigen que prevalezca la unidad y la ley frente a los que quieren imponer su voluntad por encima de las reglas democráticas y el sentir mayoritario de la sociedad».

La estrategia de La Moncloa, como está trasladando Rajoy a los demás partidos, se sostiene en el principio de apurar todas las vías judiciales que están a su alcance: Tribunal Constitucional en primer lugar y, si no, penales, para hacer que la ley se cumpla. Actuando contra los políticos, partidos o funcionarios que se salten el mandato de suspensión que dicte el TC.

Como último recurso emplearía, de ser necesario, el artículo 155 de la Constitución para asumir competencias en aquellas materias en las que se esté vulnerando la ley con decisiones ejecutivas, es decir, por parte del nuevo Gobierno catalán. Moncloa confirma que en su análisis de los posibles escenarios a los que podría tener que enfrentarse entra también el desarrollo del 155 para corregir las deslealtades institucionales en las que puedan incurrir los secesionistas.

Pero subraya que su respuesta nunca incluirá cortar la liquidez de la Generalitat en lo que estrictamente afecta a la financiación de sus servicios públicos, pagar los sueldos de los funcionarios o el pago a proveedores. Si llegara el caso de que actuaran para crear una Hacienda propia, el Gobierno central aplicaría el 155 para, de esta forma, recuperar todas sus competencias en este capítulo, «pero esto no quiere decir que se deje de financiar los servicios públicos catalanes». «Los catalanes no deben pagar las consecuencias de los delirios de una parte de sus políticos», puntualizan.

Tanto Pedro Sánchez como el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, comparecieron ayer para subrayar con argumentos parecidos su apoyo al Gobierno en defensa de la Constitución, de la legalidad, de la unidad nacional y de la igualdad entre todos los españoles. Rajoy está trabajando para conseguir que este mensaje se mantenga por encima de la batalla que se libra de cara a las elecciones generales y quede a salvo de los matices políticos que les separan.

En este ejercicio en defensa de la unidad nacional, Mariano Rajoy cuenta también con el apoyo de la mayoría de los presidentes autonómicos, de los principales agentes sociales y del Poder Judicial.

El presidente mantiene, además, una línea continua de diálogo con el Rey Felipe VI para analizar conjuntamente la situación y tenerle informado de los pasos que dé su Ejecutivo de aquí a las elecciones generales.