Llamada a Torra y fin de la supervisión previa de las cuentas

El Gobierno vende como «gesto» a la Generalitat una medida que decae con el 155 y que ya anunció Montoro.

«Un anuncio importante». Así definen fuentes de Moncloa la primera directriz del Consejo de Ministros de la «era Sánchez» relativa a Cataluña y dirigida a «normalizar» el control presupuestario de la Generalitat. El Gobierno decidió ayer dar instrucciones a los bancos para que el Govern pueda abordar los pagos que le corresponden, «conforme a la ley y de acuerdo a sus competencias», sin tener que pasar por la supervisión de Hacienda. Desde septiembre de 2017 era el Ejecutivo central quien debía validar dichos pagos ante el riesgo de que fueran destinados a la deriva ilegal. Sin embargo, a pesar de que desde el Gobierno se exhibió el levantamiento de la supervisión como un «gesto de normalización política» hacia la Generalitat, lo cierto es que dicha medida no es más que la «culminación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución» como resultado de la toma de posesión del nuevo Govern catalán. Esto es, que lejos de ser un guiño a la Generalitat, es uno de los «resortes» cuya desactivación quedaba pendiente tras el levantamiento automático del artículo 155. Fuentes de Hacienda reconocen que esta desactivación se debía de llevar a cabo, con independencia del signo político del partido que estuviera al frente del Gobierno. Es más, el propio ministro de Hacienda saliente, Cristóbal Montoro, ya anunció hace menos de un mes que esta iniciativa se impulsaría, pues se trataba de un «control máximo» que ahora no era necesario mantener.

No obstante, la Generalitat «continúa sujeta a los mecanismos de control sobre el gasto al que están sometidas las comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Es decir, controles a posteriori para asegurar el cumplimiento de las reglas fiscales, tal como marca la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera», según informa el Ejecutivo en un comunicado. En concreto, a Cataluña se le impuso un control reforzado en 2015 que suponían la obligación de remitir un informe mensual al Estado sobre la ejecución de todo su presupuesto. Esta información pasó a ser semanal cuando Hacienda detectó irregularidades en una partida por valor de 6.150 euros y dicho control semanal se levantó por el propio Montoro hace semanas sin demasiada publicidad.

Pedro Sánchez y Mariano Rajoy también pactaron a mediados de mayo que «la vigilancia en el cumplimiento de la legalidad se hiciera extensiva a los recursos públicos que conforman el presupuesto de la Generalitat para garantizar que se destinen al cumplimiento de los fines de interés general para el que están previstos, en los términos en que se ha venido haciendo desde la decisión adoptada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en el año 2015». La comunicación ministerial se hizo preceptiva, ya que la propia portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, contribuyó a la confusión al realizar el anuncio y calificarlo como un «gesto», mientras –al mismo tiempo– lo vinculaba al fin del artículo 155.

Esto hizo también que los partidos de la oposición salieran en tromba a criticar las cesiones del Gobierno ante los separatistas, bajo la premisa de que existen pactos ocultos con los independentistas a cambio de su apoyo en la moción de censura. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, lo calificó de «grave error», al considerar que permitirá a Torra «reactivar el proceso contra nuestra democracia» y, en la misma línea, el vicesecretario de Política Social y Sectorial, Javier Maroto, aseguró que se trataba del «pago de los votos prestados» para llegar al poder.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a tomar la iniciativa con Cataluña y ayer mismo llamó al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el marco de la ronda de conversaciones que ha iniciado con los líderes autonómicos, a fin de fijar una agenda de reuniones con todos ellos. En la cita que mantendrán «pronto», está totalmente descartado que se ponga sobre la mesa el derecho de autodeterminación, como ayer confirmó Celaá. La llamada telefónica se produjo después de que Torra ofreciera diálogo sin «condicionantes ni límites» a Iceta.

El Ejecutivo aspira a abrir una nueva etapa de entendimiento «transversal» –con iniciativas también por parte de la ministra de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet– la próxima semana que se resume en un proceso de interlocución con la «Constitución en una mano y diálogo en otra» para abordar los temas pendientes.