Torrent se querella contra Llarena tras haber frustrado la investidura de Puigdemont

El PP y C's advierten de que están investigando si el presidente del Parlament incurre en un delito de malversación

Torrent, a su salida del Centro Penitenciario Madrid VII, Estremera, tras visitar al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull/ Efe
Torrent, a su salida del Centro Penitenciario Madrid VII, Estremera, tras visitar al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull/ Efe

Roger Torrent, ha presentado una denuncia contra el juez Pablo Llarena y otros tres magistrados del Tribunal Supremo, a quienes acusa de un "delito de detención ilegal"de diputados soberanistas y de "prevaricación judicial".

El presidente del Parlament, Roger Torrent, pasó finalmente a la acción ayer e interpuso una querella contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y los tres magistrados de la sala de apelaciones por haber impedido las investiduras de Carles Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turull. En un escrito de 45 páginas elaborado por los servicios jurídicos de la cámara catalana, Torrent considera que todas las actuaciones que han adoptado todos ellos durante estos meses revisten «arbitrariedad» y «sesgo político» para frustrar las candidaturas de los tres dirigentes investigados por el «procés». Entre los delitos que el Parlament imputa están el de detención ilegal por la privación de libertad, vulneración de derechos fundamentales y prevaricación.

La cuestión, que ya suscitó controversia y tensión durante la reunión de la Mesa del Parlament que tuvo lugar el 24 de abril, cuando se adoptó esta decisión por votación, volvió a despertar grandes discrepancias. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, fue el primero en reaccionar y se dirigió por carta a Torrent, a quien le reclamó que rectificara y no interpusiera la querella. El líder socialista le recordó que tras aquella reunión de la Mesa se exigió que una decisión de estas características sea estudiada por los letrados de la cámara antes de que sea ejecutada y que C’s presentó un recurso de reposición, algo que, en los dos casos, no ha sido atendido.

El PP y C’s, sin embargo, fueron más allá y advirtieron que indagarán si Torrent puede estar incurriendo en un delito de malversación de fondos públicos. Ya en su momento fue uno de los motivos que más reticencias generaron en Torrent para materializar esta querella, y ayer las dos formaciones constitucionalistas alertaron al respecto. Fuentes de los populares aseguraron a este diario que «estarán atentos a todos los movimientos» y avisaron que «cualquier uso de los recursos humanos y materiales del Parlament» podría ser considerado malversación. Por su parte, el portavoz adjunto de los naranjas, Fernando de Páramo, reprochó que «es una injerencia clara de la política a las decisiones judiciales y lo hace en nombre de todos los diputados del Parlament». «Nosotros le decimos, no en nombre de C’s», añadió. «Ya es grave de por sí que un presidente del Parlament haga esto, y todavía sería más grave si se ha pagado con dinero de todos los catalanes. Vamos a estar muy vigilantes», zanjó.

El criterio de Torrent, en cambio, fue secundado tanto por JxCat como por la CUP. El portavoz adjunto de la plataforma de Carles Puigdemont lo consideró conveniente porque las decisiones de la judicatura española han «interferido» en el funcionamiento del Parlament y han representado una «persecución» contra los diputados encarcelados, ya que no se les permita acudir a los plenos ni optar a un debate de investidura. Asimismo, y de cara al futuro diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez, advirtió de que los presos no van a entrar en la negociación: «No pueden ser moneda de cambio». Por su parte, la diputada de los anticapitalistas, Natàlia Sánchez, se mostró menos convencida por la decisión ya que consideró que «no es una prioridad», aunque también la aprobó: «Llarena prevarica y forma parte de toda la estructura del Estado que está manteniendo el régimen del 78».