UGT-A cargó el 100% de su gasto de estructura a subvenciones públicas

UGT-A montó un complejo sistema contable del que se desprenden las irregularidades que investiga el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla en estrecha colaboración con la Guardia Civil. Este sistema, que desembocó, según la Benemérita, en una financiación ilegal por parte del sindicato, tiene dos patas principales. La primera, el cargo de la mayoría de los gastos corrientes y de personal a subvenciones finalistas del Gobierno andaluz. Y la segunda, el cobro de rápels a un anillo de proveedores de confianza y la generación de botes derivados de la emisión de facturas falsas.

La Guardia Civil concluye, en la voluminosa documentación hasta la semana pasada bajo secreto de sumario, y a la que ha accedido LA RAZÓN, que «la mayoría de los gastos estructurales de la organización regional, esto es UGT-Andalucía, eran imputados a programas subvencionables». Llega a esta conclusión en un atestado fechado el pasado 17 de junio, después de que se pusiera en marcha la segunda fase de la «operación Cirene» que se saldó con la detención de 16 personas, entre ellas diez empresarios y los que fueran miembros de la ejecutiva regional Federico Fresneda y María Charpín.

En este sentido, un ex empleado del sindicato, José Miguel Galdeano, que trabajó en contabilidad y justificación, epicentro de los amaños irregulares de la organización, detalló a la Guardia Civil cómo UGT cargaba todos sus gastos a subvenciones finalistas. «La mayoría de los gastos estructurales de la organización regional, siguiendo instrucciones de Federico Fresneda –ex secretario de Administración– y María Charpín –ex secretaria de Gestión Económica–, eran imputados a programas subvencionables». Los porcentajes estaban perfectamente tasados. «El 40 por ciento de los gastos de mantenimiento de la estructura (agua, luz, etc.) y el 40 por ciento de los gastos de personal se cargan a programas de formación ocupacional». «Otro 40 por ciento de gastos de estructura y otro 40 por ciento de gastos de personal se cargan a programas de formación continua». «El 20 por ciento restante de gastos de estructura se carga a otros programas». «Dichos porcentajes eran siempre fijados por Federico Fresneda», recoge el acta de declaración de este ex trabajador. Fresneda es el ex tesorero y ex secretario de Administración en el cargo durante los 15 años de Manuel Pastrana como máximo responsable del sindicato a nivel regional.

Hay que recordar que las cuotas de los afiliados de UGT-A, tal y como puso de manifiesto una auditoría interna, sólo cubría un 10 por ciento de los gastos operativos del sindicato. De ahí que, en el momento en el que la Junta aminoró la inyección de subvenciones finalistas, UGT-A se vio obligada a aprobar dos ERE –uno de ellos temporal– que afectaron a más de 200 trabajadores.

Además de cargar todos los gastos a estas subvenciones, el sindicato también se financió supuestamente de forma irregular a través de dos mecanismos esenciales: el cobro de descuentos o rápels y la generación de botes. Estos botes o saldos a favor del sindicato llegaron a superar los 400.000 euros con un solo proveedor –es el caso de Chavsa–, tal y como avanzó recientemente este periódico. En relación con los botes, señala la Guardia Civil que «para justificar determinados gastos imputables a subvenciones éstos emitían facturas al sindicato por servicios o mercancías que no se habían realizado o servido realmente». Asimismo, los proveedores que querían contratar con UGT-A «debían aceptar realizar unos descuentos que oscilaban entre el 3 y el 15%». Lo pagaban vía transferencia o talón bancario.