UGT prefería empresas chinas para abaratar costes

La afición de la UGT-A por los productos chinos era notable. De Oriente no sólo llegaron los maletines falsificados encargados por el ex secretario de Administración Federico Fresneda –detenido en la segunda fase de la «operación Cirene»– a la empresa Publicar D&M. Otros proveedores también recurrieron de forma habitual al mercado chino para satisfacer las demandas que la Unión General de Trabajadores pagaba con subvenciones públicas concedidas por la Junta de Andalucía.

Es el caso de Carpetas Abadías SA, una de las sociedades investigadas por la Guardia Civil en el marco de la trama de las facturas falsas de UGT, y cuya administradora única, María Antonieta Domínguez Galindo, fue detenida junto a otros nueve responsables empresariales a finales de junio. La Benemérita cuestionó a Domínguez Galindo para que señalara «a qué empresa adquiría las materias primas necesarias para atender a la demanda de producto que hace UGT-A». Respondió que «compraron el producto a la empresa china Gold Eagle».

Buena parte de los productos de propaganda venían directamente de empresas asiáticas. De hecho, esta circunstancia llamó la atención de un trabajador, que al preguntar por qué no se intentaba hacer los encargos a firmas andaluzas, la respuesta fue que los precios no eran competitivos. Es más, los encargos asiáticos ralentizaban mucho los tiempos de espera, según ha podido saber LA RAZÓN, que se prolongaban en el horizonte de 60-90 días. En algunas ocasiones suponía todo un quebradero de cabeza. En este terreno, los tres principales proveedores eran Publicar D&M, Cuerda de Castro y Carpetas Abadías, que surtió fundamentalmente a UGT-A de carteras porta documentos.

Lo alarmante es que se optara por suministradores asiáticos para abaratar costes, a la vez que el sindicato se embolsaba un rápel o comisión, que solía oscilar entre el 4 y el 15 por ciento, una de las principales vías de financiación ilegal de UGT, según las investigaciones de la Guardia Civil. La administradora única de Carpetas Abadías señaló asimismo ante la Guardia Civil que el rápel habitual era de un «10 por ciento del total de cada pedido». El rápel era una comisión, término que aparece incluso en algunos documentos analizados en esta causa. Sin embargo, la administradora única de Carpetas Abadías señaló en su declaración que no tenía «constancia de este concepto». Otra vía de financiación ilegal era la generación de botes con los proveedores a través de facturas falsas.