Un fiscal superior al que ya desautorizó Torres-Dulce

Madrid- Martín Rodríguez Sol llegó a la cúspide de la Fiscalía en Cataluña en julio de 2012, avalado por la práctica totalidad del Consejo Fiscal 11 de 12 votos– , órgano representativo de la carrera, y del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Su nombramiento por el Gobierno supuso romper una dinámica, toda vez que la mayoría de quienes hasta entonces eran la «cabeza» del Ministerio Público en esa comunidad autónoma procedían del ala «progresista» de la carrera. En cambio, con su designación, la mayoritaria Asociación de Fiscales, de tendencia «conservadora», conseguía cambiar ese rumbo. No en vano, Rodríguez Sol fue presidente de la citada asociación durante los años en que todo lo relacionado con el Estatut de Cataluña estaba en plena polémica.

Lo cierto es que en estos pocos meses que lleva en el cargo no pocos de los que lo conocen admiten su sorpresa por el «giro» que ha experimentado desde que fue nombrado y por algunas de sus decisiones o manifestaciones, la última de ellas, ayer mismo.

Ello le ha costado ya una seria desautorización pública por parte del fiscal general del Estado, después de que decidiera abrir unas diligencias contra el diario «El Mundo» por si sus publicaciones relacionadas con supuestas comisiones ilegales cobradas por Artur Mas y Jordi Pujol podían constituir un delito de injurias o calumnias.

Ante esa actuación, Torres-Dulce no tardó en responderle –lo hizo en un primer momento de forma directa, a través de una llamada telefónica– que no compartía ni el fondo ni la forma utilizada, por no haber sido informado previamente y al considerar que debería haber esperado a conocer todos los datos y hechos sobre el asunto en cuestión.

Este incidente ocurrió a finales de diciembre, cuando cumplía sus seis primeros meses al frente de la Fiscalía de Cataluña.

Ahora, en sus últimas manifestaciones ha realizado diversas comparaciones entre «Cataluña» y «Madrid». Así, por ejemplo, el pasado día dos pidió revisar el estatus de «aforado» para los diputados, porque lo que debería ser un privilegio para el político en la fase de instrucción y enjuiciamiento se acaba convirtiendo, decía, en un problema para el político. Sin embargo, y aquí venía esa comparación, la situación en Cataluña «aún no es tan mala como en Madrid», donde para encausar a un diputado el juez debe incluso hacer una valoración de los hechos y pedir el correspondiente suplicatorio al Congreso.

Sin embargo, si echamos la vista atrás unos años, vemos cómo su discurso en relación con la «Justicia catalana» era muy distinto. Basta recordar sus manifestaciones el 27 de octubre de 2005, en la presentación del XV Congreso de la Asociación de Fiscales, cuando todavía la presidía, relacionadas con el entonces proyecto de Estatut de Cataluña, en la que se preveía la creación de la figura del fiscal superior de Cataluña; una reforma, decía, de la que se «trasluce un afán de garantizar que el fiscal superior de Cataluña sea quien quiera el Gobierno de Barcelona», según se desprendía de la redacción del proyecto de Estatut.