Un tribunal alérgico a las acusaciones públicas

La magistrada Samantha Romero marcó distancias desde el primer momento con Horrach y la abogada del Estado, de quienes ni se despidió al concluir el juicio del «caso Nóos».

Las magistradas Rocío Martín Hernández, Samantha Romero y Eleonor Moyá Roselló
Las magistradas Rocío Martín Hernández, Samantha Romero y Eleonor Moyá Roselló

La magistrada Samantha Romero marcó distancias desde el primer momento con Horrach y la abogada del Estado, de quienes ni se despidió al concluir el juicio del «caso Nóos».

Ni siquiera un guiño a la cortesía procesal. El juicio del «caso Nóos» terminó el pasado miércoles ahondando las distancias que, desde el primer minuto, marcó la presidenta del tribunal, Samantha Romero, con el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach y la abogada del Estado María Dolores Ripoll. A diferencia de sus dos compañeras, Rocío Martín y Eleonor Moyá, que sí se aproximaron a los estrados de las acusaciones para, como suele ser habitual en un juicio tan largo (el «visto para sentencia» se escuchó tras 61 sesiones), intercambiar brevemente saludos y adioses, Romero se fue de la sala «a la francesa». Un corolario a la altura del blindaje que se ha autoimpuesto el tribunal, para mantener incólume su independencia, durante más de cinco meses de vista oral en los que la presidenta de uno de los juicios más mediáticos de la historia de España apenas ha cruzado una palabra con los representantes de las acusaciones públicas y de las defensas, más allá de la inevitable ronda de hace unos días para calibrar la duración de sus respectivos informes finales. Esa ausencia total de empatía, en ocasiones, incluso, aparentemente sobreactuada, ha dejado la cuneta del juicio salpicada de esporádicos rejonazos verbales que han sufrido en sus togas, sobre todo, tanto Horrach como Ripoll y, en menor medida, la abogada de Baleares María Ángeles Berrocal. Desde el primer día quedó claro que acceder a cualquiera de las tres magistradas iba a resultar más complicado que conseguir un taxi en el polígono de Palma. Según fuentes jurídicas, la fiscal Anticorrupción Ana Lamas, representante del Ministerio Público en la vista junto a Horrach, intentó el primer día saludar a Romero, compañera de promoción (Lamas aprobó tanto las oposiciones a magistrada como a fiscal). Ni siquiera pudo entrar en la sala reservada para el tribunal, salvaguardada de visitas indeseadas por un agente de Policía durante todo el proceso. Posteriormente sí tuvieron mejor suerte, en un par de ocasiones, el abogado de Diego Torres y la letrada de Manos Limpias.

Uno de los momentos más tensos fue cuando el fiscal cuestionó un correo electrónico remitido por Iñaki Urdangarín a Carlos García Revenga, ex secretario de las Infantas, introducido en el plenario por Manos Limpias. «Es la primera vez que veo que una acusación cuestiona una prueba documental de otra acusación», le espetó Romero a un sorprendido Horrach. El cometido de la Fiscalía «no es sólo acusar –contraatacó Horrach–, sino también oponerse a las acusaciones que se consideran infundadas». Quedó claro que las magistradas no estaban dispuestas a pasar a la historia como el tribunal que puso trabas a la labor en el proceso del sindicato, que ha sostenido en solitario hasta el final la acusación por delito fiscal contra la Infanta en contra del criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Y en ese afán de indudable resonancia mediática, la presidenta ha preferido pecar por exceso que por defecto.

Sólo así se entiende que permitiera a la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, la exhibición de documentos mientras enunciaba las preguntas para Doña Cristina, acogida a su derecho a no contestar a la acusación popular. Su abogado, Pau Molins, reprochó a la letrada que «violentase» el derecho a guardar silencio de la hermana del Rey. Romero recriminó a Negrete sus alusiones a «cuestiones privadas absolutamente ociosas e innecesarias».

La pretensión de Horrach y de la Abogacía del Estado de que no se incorporase a la documental el informe de un perito propuesto por Manos Limpias –que el sindicato esgrimió para sustentar el delito fiscal que imputa a la Infanta– también resultó inoperante. La acusación popular renunció sorpresivamente a que declarara en el juicio, lo que impidió someterlo a la contradicción de las partes en el plenario y, aunque el tribunal aclaró que este hecho se tendría en cuenta a la hora de valorar sus conclusiones, tras media hora de deliberación dio la razón a Manos Limpias y el informe siguió incorporado a la causa.

Cuestiones de intendencia también son sintomáticas del aislamiento que se ha exigido el tribunal del «caso Nóos». Para evitar suspicacias, hasta han evitado cruzarse con nadie en el aparcamiento de la Escuela Balear de Administración Pública del polígono Son Rossinyol, donde se ha celebrado el juicio. Sólo las magistradas lo han utilizado. Las primeras semanas aparcó allí la abogada del Estado, hasta que un buen día, a Ripoll se le denegó el acceso. La decisión escoció a los abogados del Gobierno balear, que también han ejercido la acusación, pues la sede es propiedad del Ejecutivo autonómico.

En el fuego cruzado entre defensas y acusaciones, la presidenta del tribunal aprovechó la sesión del 24 de febrero para insistir en lo obvio. «El tribunal va a blindar su independencia y va a actuar conforme le obliga la Constitución y las normas legales que le vinculan». Molins se quejó de que se permitiera a la acusación popular insistir en cuestiones ajenas al proceso (la posible responsabilidad de la Infanta en relación al Instituto Nóos, que la Audiencia de Palma descartó meses atrás). Horrach esperó su momento y, en su informe final del pasado día 15, replicó al tribunal, a quien instó a abstraerse de «juicios paralelos»: «Ustedes no necesitan blindar su independencia». «Ya la tienen o se supone que la tienen», añadió de forma inquietante. Como apuntó en su día José Bergamín, al torero, como al soldado, el valor se le supone. Con la abogada del Estado, el momento más incómodo se vivió cuando Romero le reprochó su «falta de rigor» después de que el abogado de Diego Torres, Manuel González Peeters, pidiera la expulsión del proceso de Manos Limpias por la investigación abierta contra el sindicato por extorsión en la Audiencia Nacional. Ripoll aprovechó para saldar cuentas y recordó a las magistradas que la Abogacía del Estado reclamó sin éxito en las cuestiones previas la falta de legitimidad de Manos Limpias para ejercer la acusación, que el tribunal rechazó. «El tiempo nos ha dado la razón», sacó pecho. «A los juristas hay que exigirles rigor», protestó airada la magistrada para zanjar la controversia.

El único varapalo sonado que se llevó López Negrete por parte de la presidenta del tribunal se produjo el pasado 3 de marzo. Ese día, la abogada de Manos Limpias introdujo en el plenario un correo remitido por Urdangarín a Don Juan Carlos expresamente inadmitido como prueba. El tribunal le llamó al orden y le advirtió de que no siguiera por ese camino o «tendremos que empezar a pensar que esto afecta a la buena fe procesal». La letrada lo achacó a un «completo error», pero la magistrada aprovechó la ocasión para lanzar otro aviso a navegantes en las ya por entonces procelosas aguas del «caso Nóos»: «El tribunal no se va a dejar enredar».

Alcanzado el objetivo del aislamiento preventivo, la presidenta del tribunal recupera la tranquilidad para redactar una voluminosa sentencia que será escrutada con lupa y que terminará en manos del TS. El miércoles, en un receso de la última sesión del juicio, las tres magistradas se acercaron por primera vez a la sala de prensa para despedirse. Preguntadas por la fecha de la sentencia y una posible lectura pública del fallo, desaparecieron por el pasillo. Se da por seguro, que no se conocerá antes del próximo otoño. Habrá que esperar, por tanto hasta octubre, noviembre o incluso diciembre para conocer una de las sentencias más mediáticas de la historia judicial española.