Caso Nóos
Un tribunal discreto, antítesis del juez Castro
Las tres magistradas del «caso Nóos» nunca han coincidido en un juicio y se caracterizan por huir de cualquier protagonismo. Ninguna de ellas pertenece a una asociación judicial.
Las tres magistradas del «caso Nóos» nunca han coincidido en un juicio y se caracterizan por huir de cualquier protagonismo. Ninguna de ellas pertenece a una asociación judicial.
Las tres magistradas que juzgarán el «caso Nóos» nunca han compartido tribunal. Será la primera vez que Samantha Romero, Eleonor Moyá y Rocío Martín formen Sala y el debú será por todo lo alto, en uno de los juicios más mediáticos de la historia judicial española. A diferencia del instructor de la causa, José Castro, de personalidad expansiva y cercano a la Prensa, las tres tienen fama de discretas y si por algo se han caracterizado a lo largo de su carrera es por huir de cualquier tipo de protagonismo. «No os van a dar ningún titular», apuntan fuentes jurídicas, una frase lapidaria para los casi 600 periodistas acreditados para la sesión inaugural de la vista oral.
Romero, presidenta sobrevenida del tribunal (las reclamaciones, a Pablo Iglesias, que fichó por sorpresa, y vaya sorpresa, a quien iba a presidir el juicio, el magistrado Juan Pedro Yllanes, ya diputado por Baleares), y encargada de redactar la sentencia, es «una desconocida» en el mundo judicial de Baleares.Moyá, meticulosa y ordenada, no tiene a sus espaldas en Baleares sentencias de relumbrón, aunque recientemente libró de la cárcel a un condenado a ocho meses de prisión, sin antecedentes penales, por matar a palos a un caballo de carreras en Manacor en 2012. Y en cuanto a Martín, hija de un concejal de Izquierda Unida que terminó de asesor del PP en el Ayuntamiento de Calvià, se le considera «muy buena magistrada» y formó parte del tribunal que condenó a Jaume Matas en el primer juicio del «caso Palma Arena».
Ninguna de las tres pertenece a asociación judicial alguna, por lo que resulta complicado adscribirlas a corrientes ideológicas, pasatiempo periodístico tan recurrente. Romero, que ingresó en la carrera judicial en 2002 por oposición, incorporándose en primer lugar al Juzgado de Primera Instancia de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), llegó en abril del pasado año a la Audiencia Provincial de Baleares proveniente de la Audiencia de Tarragona. Sin tiempo siquiera para aterrizar, fue designada ponente del elefantíasico «caso Nóos», por lo que fue relevada de otras tareas para centrarse en este procedimiento. «Ha encajado muy bien entre los compañeros», aseguran las fuentes consultadas, que la califican de «muy puntillosa y rigurosa en su trabajo». Pese a que ha tenido que ponerse al día de la causa en unos pocos meses, añaden, «tiene un conocimiento minucioso del caso». Algunos abogados que han consultado los miles de tomos del sumario, salpicados de posits, pueden dar buena fe de ese carácter ordenado.
«Es agradable de trato y destaca por su moderación», aseguran, aunque «mantiene distancias con la Prensa». Tras la espantada de Yllanes, «encajó la presidencia con sorpresa, pero empezó a ejercer pronto». Es, en una palabra, «la antítesis de Castro». Como presidenta es una incógnita en Baleares (aunque, subrayan, está muy lejos de los ademanes expeditivos de su antecesor en la sala), así como en el trato con los letrados.
Moyá es una magistrada muy garantista, que suele desplazarse diariamente a la Audiencia de Baleares en bicicleta. Está por ver si mantendrá su costumbre durante el juicio. Fue abogada en la isla, una profesión desde la que dio el salto a la judicatura en 2011 por el turno de juristas de reconocido prestigio. Su marido sigue ejerciendo la abogacía en Palma. «Es muy agradable, buena persona, de sonrisa fácil y con mucho sentido común», destacan de ella.
Su primer destino fue en El Prat de Llobregat (Barcelona) y es magistrada de la Audiencia de Baleares desde diciembre del año 2013. Con la toga puesta es «muy garantista y huye de protagonismos».
La magistrada que completa la terna (y la última en sumarse al tribunal), Rocío Martín, ingresó en la carrera judicial en 2002 por oposición. Su primer destino fue Carlet (Valencia) y es magistrada de la sección primera desde septiembre de 2010, la más veterana de las tres.
De familia humilde, fue la ponente de una de las condenas más altas por corrupción impuestas a un político, el ex conseller Josep Joan Cardona, condenado a 16 años de prisión en el «caso Scala». «El Supremo la confirmó de cabo a rabo», recuerdan fuentes jurídicas. «No va a dejar ningún documento sin valorar, toma muchísimas notas en su ordenador durante los juicios», aseguran de ella esas mismas fuentes, que la califican, en las distancias cortas, como «la menos políticamente correcta» de las tres. «Tiene carácter y se le nota en el trato personal», añaden. Tres magistradas y un característica común: nada de protagonismos. «En la sala no nos vamos a divertir con ellas», advierten.
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