Un tribunal más progresista para el «procés»

Martínez Arrieta presidirá la vista, Susana Polo se incorporará y se prevé un tercer cambio.

El próximo nombramiento de Manuel Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo y la previsible designación de Ana Ferrer como vicepresidenta provocará todo un efecto dominó en el tribunal que debe juzgar, en principio a partir de la segunda quincena de diciembre, todo lo relacionado con la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña y la culminación con el referéndum ilegal del 1-O.

En primer lugar, esos cambios se notarán en la presidencia de la Sala del Tribunal Supremo que debe sentenciar ese proceso. Manuel Marchena dejará paso a Andrés Martínez Arrieta, que es el magistrado con más antigüedad en el Supremo y, por tanto, quien debe legalmente asumir la presidencia y, consecuencia de ello, será igualmente el encargado de redactar la sentencia. Martínez Arrieta pertenece a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, de tendencia moderada, aunque se le considera en el mundo judicial «más progresista que conservador» y como presidente del tribunal tendrá un papel clave en todo el desarrollo del juicio.

El segundo efecto será el de incorporar a un nuevo magistrado a ese tribunal, ya que se había establecido que el mismo estuviese formado por siete miembros. En este caso, será una magistrada: Susana Polo, ya que entre los que se acaban de incorporar a la Sala Penal es la que figura con mejor número en el escalafón judicial. Susana Polo está considerada una magistrada «progresista» y desde el primer momento contó con el apoyo de los actuales vocales del Consejo que en su día fueron propuestos por el PSOE.

Además, a todo ello habría que sumar que si finalmente se confirma la designación de Ana Ferrer como número 2 del Consejo, será necesario igualmente nombrar a otro magistrado para el tribunal del 1-O, que saldrá entre Carmen Lamela y Eduardo de Porres Martín de Urbina. En un principio, sería este último, ya que Lamela tuvo relación con el «procés» al inicio de éste y, de hecho, fue quien ordenó el encarcelamiento de los «Jordis» y de otros procesados en la causa. Por ello, lo lógico es que se abstuviera.

De esta forma, la salida de Ana Ferrer, de tendencia «progresista», sería sustituida por Eduardo de Porres, considerado más «conservador» y que fue avalado por los vocales actuales designados a propuesta del PP. Por tanto, no se prevé un cambio «de tendencia» en el tribunal, y más en una cuestión tan relevante como es todo lo relacionado con el proceso del referéndum ilegal del 1-O, donde todas las decisiones se han adoptado hasta ahora por unanimidad. La designación de Marchena y su sustitución por Susana Polo y, en su caso, la de Ana Ferrer por Eduardo de Porrres, «no va a significar ningún cambio ni la salida de Marchena hay que verla como una concesión a los independentistas», aseguran al respecto fuentes jurídicas consultadas por este periódico.

Una vez culminen estos cambios, comenzará la «batalla» para la designación del nuevo presidente de la Sala Penal. Ahí, Marchena comenzará su labor de hábil negociador.