Una despedida en la antesala de la imputación por los ERE

Los tiempos para el PSOE andaluz, en general, y para José Antonio Griñán, en particular, parecen marcados por la acción de la Justicia. Y es que, el anuncio de despedida por parte del presidente andaluz ha coincidido con su más que posible imputación, sobre todo tras la declaración el viernes del ex interventor de la Junta.

Y esa es la sensación que hay entre sus contrincantes. Así, la vicesecretaria de Organización, Electoral y Política Municipal del PP-A, Ana Corredera, indicó ayer que el Partido Socialista «da por imputado» al presidente de la Junta después de que haya pedido que se eleve el asunto al Supremo. «La reacción del PSOE-A pone en evidencia que la acción de la Justicia les está atropellando y que, a la defensiva, en sus últimos coletazos, están perdiendo los papeles», indicó Corredera. A su juicio, la petición del vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, para que el caso de los ERE pase de manos de la juez Mercedes Alaya al Alto Tribunal «evidencia que el PSOE está dando implícitamente por imputado a Griñán». Es más, para Corredera, esta petición es «una reacción desmedida» que viene porque los socialistas se ven «acorralados por las declaraciones de los últimos imputados en el caso», especialmente por las del que fuera interventor general de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez. «Que expliquen por qué lo ocultaron, por qué lo permitieron, por qué lo alimentaron o por qué no le pusieron fin y por qué guardaban los informes en cajones», cuestionó Corredera. La popular criticó que los socialistas «por un lado piden celeridad a la Justicia» pero, según aseguró, «desde el minuto uno han intentado frenar la acción de la Justicia y desacreditar la labor de la juez». «Primero negaron las actas del Consejo de Gobierno y tuvo que intervenir el Supremo para decir que tenían que entregarlas actas; después negaron o entregaron muy tarde algunos informes que ha pedido la juez», recordó. De hecho, incidió Corredera, el recurso al último auto donde se imputaba a 20 altos cargos y ex altos «ha sido un intento patético de demorar la acción de la Justicia».