Una «empresa del 3%» subió 239 puestos en adjudicaciones con el ex president

Ocho constructoras investigadas por la supuesta financiación ilegal de CDC están entre las más beneficiadas con Artur Mas en la Generalitat. Una de ellas, Oproler, pasó del puesto 272 al 33 en el ránking de adjudicaciones tras una donación a CatDem.

Ocho empresas investigadas en la «trama del 3%» por pagar supuestas comisiones a Convergència Democrática de Cataluña (CDC) a cambio de licitaciones de obra pública figuran entre las más beneficiadas en adjudicaciones de infraestructuras por parte de la Generalitat durante el mandato de Artur Mas como presidente del Ejecutivo autonómico. Especialmente llamativo es el caso de Oproler, cuyo presidente, Sergio Lerma, y su delegado en Cataluña, Josep Manel Bassols, fueron detenidos el pasado jueves en el marco de la «operación Pika», la tercera fase de la investigación de la presunta financiación ilegal de la formación independentista.

Según los datos a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, Oproler pasó del puesto 272 en el ránking de las constructoras más beneficiadas por la Generalitat, en la segunda legislatura del tripartito (entre 2007 y 2010), al 33 ya con Mas como presidente (de 2011 a 2014). El meteórico despegue de Oproler (que le permitió ascender 239 puestos en esa clasificación de adjudicatarios y multiplicar por 81 su facturación) se produjo después de que, en 2010, Lerma se estrenara como donante de las fundaciones de CDC.

Menos espectacular, pero también llamativa, es la escalada en el ránking del Grupo Soler, cuyo consejero delegado, Jordi Soler, fue detenido en la anterior fase de la «operación Petrum» en octubre de 2015. Este grupo empresarial, que entre 2007 y 2010 ocupaba el puesto 66 entre las adjudicatarias de obras de la Generalitat se situó tras la llegada de Mas al Ejecutivo autonómico como séptima empresa con más licitaciones, alcanzando una cuota de mercado del 2,8 por ciento y 20,6 millones de euros licitados. La empresa efectuó donaciones a la fundación CatDem por un total de 539.604 euros entre 2008 y 2013, según publicó El País.

Josep Bosch, el juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga la supuesta financiación irregular de Convergència, dejó en libertad con cargos a Soler tras comparecer en el juzgado en relación a la construcción de un centro cultural en Sant Fruitós de Bages (Barcelona) adjudicado por el Ayuntamiento, gobernado por CiU, en el año 2009.

Entre las sociedades más beneficiadas en esas licitaciones que están siendo investigadas en la «trama del 3%» también figuran Teyco, Grupo Comsa y Arnó. Esta última constructora, la quinta con más adjudicaciones de obra pública con Mas de presidente entre 2011 y 2014 (26,2 millones de euros en ese periodo), figuraba en el puesto 17 con el tripartito en la legislatura anterior. Con la llegada de CiU al Gobierno autonómico ascendió, por tanto, doce posiciones. El director general de la compañía, Joan Albert Arqués, es uno de los detenidos el pasado jueves en la «operación Pika» (todos quedaron posteriormente en libertad a la espera de empezar a comparecer ante el juez esta misma semana) y la sede de la empresa fue registrada por la Guardia Civil ese mismo día, en el que los agentes practicaron 25 registros en total.

Otra de las empresas que también mejoró su posición entre las constructoras adjudicatarias fue Teyco, de la familia Sumarroca, que con la llegada de Mas fue la novena que más adjudicaciones obtuvo sumando 18,6 millones de euros en licitaciones en su primer mandato (con el tripartito no figuraba entre las 20 empresas con más licitaciones de la Administración autonómica). Una de las sociedades vinculada también a Sumarroca, Comsa Emte (aunque desde 2014 la dirección de la sociedad ya no está en manos de la familia) fue la segunda sociedad con más licitaciones de la Generalitat entre 2011 y 2014 (41,9 millones de euros), idéntica posición que ocupaba con el tripartito, aunque con menor cuota de mercado (pasó de casi el 10% a apenas un seis por ciento).

Rogasa, cuyo presidente fue arrestado en octubre de 2015 en la anterior fase de la «operación Petrum», es también adjudicataria de Infraestructures.cat, el organismo de la Generalitat encargado de las licitaciones públicas. Con Artur Mas de presidente obtuvo adjudicaciones por valor de 8,8 millones de euros (un 1,24% de cuota de mercado), situándose en el puesto veinte de las constructoras más beneficiadas, similar al que ocupaba con el tripartito en el Ejecutivo autonómico.

La empresa de otro de los habituales donantes de CDC, Xavier Tauler (detenido por segunda vez en esta causa el pasado jueves), también siguió ocupando con Mas una posición preeminente entre los años 2011 y 2014, aunque en su caso el Grupo Copisa descendió del quinto al 15º puesto del ránking (13,2 millones de euros). Tauler interpuso el pasado jueves una solicitud de habeas corpus para protestar por las condiciones de su detención que fue rechazada por una juez de Tarragona, que avaló la legalidad de la actuación de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción.

A Tauler se le investiga ahora por un supuesta adjudicación irregular vinculada al Consorcio de Educación de Barcelona, la institución educativa de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona que gestiona la educación no universitaria en la ciudad condal.

Otra de las empresas investigadas en la última operación de la «trama del 3%», Pasquina, se situó con Mas de presidente en el puesto 30 del ránking de adjudicaciones, subiendo ocho puestos respecto a la posición que ocupaba con el tripartito en la Generalitat.