Urdangarín rechaza que se pida a Hacienda sus diez últimas declaraciones

La defensa de Iñaki Urdangarín ha recurrido la decisión del juez José Castro de solicitar a la Agencia Tributaria las diez últimas declaraciones de la Renta de los duques de Palma. El magistrado acordó esta medida el pasado día 18 a instancias de Manos Limpias, para la que esa información es «una prueba más del conocimiento de todas las actividades económicas efectuadas» por el matrimonio. El abogado del yerno del Rey, Mario Pascual Vives, ha recurrido la resolución en reforma, por lo que será el propio instructor quien deba pronunciarse al respecto, dejando para más adelane una posible intervención de la Audiencia Provincial de Palma ante un más que probable recurso de apelación.

El magistrado ha hecho suya también otra petición de la acusación popular, que hace unos días le instó a apremiar al Registro Mercantil de Barcelona para que remita los asientos registrales de Aizoon, la empresa que comparten al 50 por ciento Doña Cristina y su marido. Castro ha acordado ahora librar un nuevo mandamiento al Registro para que «lo antes posible» facilite la información solicitada: «Testimonio literal de la totalidad de asientos y documentos contenidos en el libro de depósito de cuentas» referidos a Aizoon. El organismo se limitó a comunicar al juez hace escasas fechas que el último asiento referente a Aizoon fue el cambio de domicilio anotado el 23 de agosto del pasado año, una información que el juez Castro cree insuficiente.

En esa misma resolución, el instructor ha atendido la petición de Diego Torres y ha decidido desbloquear parte de las cantidades intervenidas al ex socio de Urdangarín en el registro de la sede del Instituto Nóos en noviembre de 2011, aunque «exclusivamente para hacer frente a las necesidades» expresadas por el propio Torres. Del mismo modo, el juez ha desbloqueado parte de los 900.000 euros de Torres inmovilizados en el Credit Suisse de Luxemburgo, que según el imputado eran ahorros «de toda la vida». Parte de esas cantidades seguramente servirán para pagar las minutas de su abogado, Manuel González Peeters, quien en privado se ha quejado de que su cliente ni siquiera podía pagarle los honorarios ante la imposibilidad de disponer de su dinero.

Por último, Castro ha aceptado la personación en el procedimiento, como acusación particular, del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Valencia, a quienes reconoce la condición de perjudicados al tratarse de «un grupo o asociación que ha contraído la responsabilidad de velar por la observancia de determinados valores que se estiman conculcados precisamente en el ámbito a que se extiende la competencias de aquéllos».