Política

Vía libre para la vuelta a España de tres de los fugados del "procés"

Solo podrían ser juzgados por desobediencia, que no conlleva prisión. Las euroórdenes que sería viable reactivar son las de Comín y Ponsatí.

Solo podrían ser juzgados por desobediencia, que no conlleva prisión. Las euroórdenes que sería viable reactivar son las de Comín y Ponsatí.

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El enjuiciamiento contra todos los acusados de promover la Declaración Unilateral de Independencia y el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña. De momento han sido juzgados 12 de los procesados por el magistrado Pablo Llarena, pero quedan otros siete fugados en tres países: Bélgica, Escocia y Suiza. En el primero de ellos campan a sus anchas el ex presidente catalán Carles Puigdemont y sus ex consejeros Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret; en Escocia se encuentra ex responsable Educación de la Generalitat Clara Ponsatí y en Suiza la ex portavoz de la CUP Anna Gabriel y la ex secretaria general de ERC Marta Rovira.

Una vez que el Supremo dictó la sentencia del «procés», se ha reactivado la euroorden exclusivamente contra Puigdemont. Pero podría no ser la última si la Fiscalía insta que se acuerden otras órdenes de detención y entrega respecto a algunos de esos fugados.

En todo caso, según explicaron a LA RAZÓN fuentes del Tribunal Supremo, tres de esos huidos pueden respirar tranquilamente porque, tras el contenido de la resolución de la Sala Penal, el delito que se le podría imputar sería exclusivamente el de desobediencia, delito que no conlleva pena de prisión alguna, «y no se puede librar una euroorden en esos casos».

De esta forma, Lluís Puig, Meritxell Serret y Anna Gabriel podrían regresar a España sin el temor de un hipotético ingreso en prisión. Eso no impediría fuesen en un primer momento detenidos si lo hiciesen, pero tras comparecer ante el juez Llarena quedarían de forma inmediata en libertad. De hecho, respecto a Anna Gabriel nunca se planteó la opción de dictar euroorden alguna, ya que fue procesada exclusivamente por un delito de desobediencia: «Podría volver y no sería ni detenida», señalan al respecto esas fuentes.

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En cambio, Puig y Serret fueron procesados por desobediencia pero también por malversación, aunque a la vista de la sentencia citada no se les podría imputar ahora el segundo de esos delitos, con lo que quedarían en la misma situación que la ex portavoz de la CUP: «Con el planteamiento que hace la sentencia, ni siquiera se podría sostener ya la malversación y todo quedaría en desobediencia».

De esta forma, las euroórdenes que se podrían reactivar, siempre a instancias de la Fiscalía, serían las de los ex consejeros de Salud y de Educación, Toni Comín y Clara Ponsatí. Ambos fueron procesados por el juez Llarena por un delito de rebelión, lo que podría justificar la petición de entrega de ambos para que pudiesen ser jugados por sedición, que es delito por el que han sido condenados aquellos respecto a los que el juez instructor procesó por rebelión.

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Respecto a la ex secretaria general de ERC Marta Rovira, también fue procesada por rebelión, pero se encuentra fugada en Suiza, país que no accede a ejecutar las euroórdenes. Así, sólo si buscase cobijo en un país de la Unión Europea el Tribunal Supremo podría acordar esa misma decisión. Por ello, la única opción sería cursar una petición de extradición a Suiza, algo que resulta muy complicado de que prospere, además de que llevaría un muy largo proceso.

En cuanto a Comín, el auto de procesamiento le situaba, junto a Josep María Jové, como uno de los responsables destacados en la búsqueda de los locales donde instalar los colegios electorales, «para lo que hicieron gestiones con entidades municipales afines a la celebración de la consulta ilegal para lograr esta cesión». Y, además, buscaron instalaciones alternativas «en aquellos municipios que no prestaron ese apoyo o en aquellos lugares en los que algún centro fue cerrado como consecuencia de la actuación judicial».

En cuanto a Clara Ponsatí i Obiols (consejera de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña), el instructor destacaba cómo el 29 de septiembre de 2017 asumió el control de todos los centros escolares dependientes de su consejería e «impulsó a su ocupación, para garantizar su utilización en la votación».

Por otro lado, la Fiscalía belga pidió ayer formalmente la entrega a España de Carles Puigdemont por los dos delitos de sedición y la malversación. A pesar de que esto supone un espaldarazo a las tesis defendidas por la Justicia española, el veredicto final corresponde a los jueces y puede variar sustancialmente. En el año 2017, el ministerio público belga ya solicitó la equivalencia de cuatro delitos ( incluido el de rebelión), aunque numerosos penalistas del país creían que estos cargos no eran comparables en los dos ordenamientos jurídicos.

El año pasado, la Fiscalía alemana también respaldó las tesis del Tribunal Supremo español, sin que tuviera ningún impacto en el fallo del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein que tan solo aceptó la entrega a España de Carles Puigdemont por malversación, informa desde Bruselas Mirentxu Arroqui.

Sin embargo, en esta ocasión el juez Llarena, como informó ayer este periódico, no tiene la más mínima intención de retirar la euroorden si la Justicia belga no acepta la entrega del ex presidente catalán para que sea juzgado por sedición y malversación. Y, además, tampoco aceptará la entrega solo por malversación, como acordó hace un año. De esta forma, no podría abandonar su refugio actual para trasladarse a otros país de la Unión Europea, ya que la orden de detención y entrega seguiría vigente y, por tanto, sería detenido a la espera de un nuevo pronunciamiento sobre su entrega a España.

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