Visto para sentencia el juicio por la agresión de Alsasua

Los ocho acusados renuncian a hacer uso de su derecho a la última palabra. Para las defensas una condena “banalizaría” el terrorismo: “España sabe por desgracia lo que es terrorismo y lo que no”

El juicio a los ocho jóvenes acusados de lesiones y amenazas terroristas por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en octubre de 2016, para quienes el fiscal pide penas de doce a 62 años y medio de prisión, ha quedado visto para sentencia tras escuchar el tribunal los informes de las defensas que no intervinieron en la jornada de ayer. En la última de las once sesiones, los procesados han renunciado a ejercer su derecho a la última palabra.

La abogada de uno de los acusados que el fiscal José Perals considera como “impulsores” de la pelea, Adur Ramírez de Alda -en prisión provisional por esta causa-, aseguró ayer a la Sala que tras la prueba practicada “no se puede concluir de ninguna manera, con la seguridad que exige el Derecho Penal, que estuviese en el lugar de los hechos”, el bar Koxka de la localidad navarra, en la madrugada del 15 de octubre de 2016. Para la letrada Jaione Karrera, los agentes, que identificaron a su cliente como uno de los agresores, “claramente se confunden de persona”, por lo que ha solicitado su absolución. Según ha denunciado, había “un interés especial en mantenerlo como acusado” para sostener que se trató de una agresión premeditada (por su supuesta vinculación con el movimiento Alde Hemendik que persigue la expulsión de la Guardia Civil, una campaña que según la Fiscalía fue “fagocitada” por ETA).

En su informe final, el abogado José Luis Galán -que defiende a los acusados Aratz Urrizola e Iñaki Abad- ha denunciado que los 50 años de cárcel que el fiscal pide para ambos suponen “penas muy superiores a las que aplica nuestro Código Penal a los dirigentes de organizaciones terroristas”, a la comisión de “cinco homicidios o cuatro asesinatos”. “Es esta desproporción -asegura- la que ha provocado una especial alarma en la población y un especial interés en este procedimiento”. Sus representados, ha insistido, “no tienen absolutamente nada tienen que ver con estos hechos”. Galán ha asegurado que “España sabe por desgracia lo que es terrorismo y sabe también muy bien lo que no es terrorismo”, por lo que ha alertado del peligro de “banalizarlo” con una condena “inventando un relato para resucitar un terrorismo ya inexistente”.

“Un empujón a un guardia civil por parte del mismísimo jefe de ETA, o del ISIS, no es un delito de terrorismo”, ha defendido el letrado, para quien las acusaciones han “presionado” al tribunal por una “mera pretensión de venganza”.

Ahora, será el tribunal, presidido por la magistrada Concepción Espejel, el que tenga que determinar, en función de la prueba practicada en el juicio, si los acusados deben ser condenados por delitos de terrorismo.