Frente a Torra sólo valen elecciones

Como no parece creíble que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, confíe en una respuesta positiva a su ultimátum de ayer, habrá que colegir que el dirigente catalán no tiene otro objetivo que mantener la estrategia de la tensión con el Estado, confiando en que la debilidad parlamentaria del actual Gobierno socialista le proporcione algunos réditos, cuya naturaleza, ciertamente, se escapa a un análisis racional. Llegados a este punto, como bien ha señalado el expresidente Felipe González, la cuestión a reconocer es si la oferta de diálogo con los separatistas conducía a algún otro lugar que no fuera el mismo callejón sin salida del «procés». Y, en efecto, sólo desde una ingenuidad palmaria, incluso sospechosa, puede llamarse a la sorpresa Pedro Sánchez de que los nacionalistas catalanes, los mismos que le dieron su apoyo en la moción de censura, le estén marcando el calendario. Ni los hechos ni, mucho menos, las palabras permiten aventurar el más mínimo cambio en la actitud de los representantes del independentismo catalán, que sólo se avendrían a un aplazamiento táctico de sus fines máximos a costa de unas concesiones que el Gobierno de la nación, simplemente, no está en condiciones de ofertar. Ocurre con la demanda de un referéndum de autodeterminación «pactado y vinculante» o con la exigencia de que el Ejecutivo presione al Tribunal Supremo y a la Fiscalía para favorecer la impunidad de quienes se saltaron gravemente la legalidad en Cataluña, desobedecieron al Tribunal Constitucional y se rebelaron contra el Estado. De ahí que pareciera superflua la intervención de la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, reiterando lo evidente, que el camino a la independencia está cerrado, y ofreciendo la misma fórmula de acuerdo que ya ha sido rechazada por los independentistas. Podrá argüirse que, ante la amenaza con plazo perentorio del presidente de la Generalitat, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha decidido por fin a elevar el tono de sus respuestas, –con una explícita referencia al artículo 155 de la Constitución, y reclamando a los partidos constitucionalistas, al Partido Popular y a Ciudadanos específicamente, el debido apoyo a «una cuestión de Estado»– pero lo cierto es que la ministra Celaá volvió a incurrir con sus ofertas de diálogo y sus protestas de ecuanimidad en el mismo afán equidistante que ha marcado al partido socialista durante demasiado tiempo. Volviendo al diagnóstico de Felipe González, es difícil pretender que haya una negociación con quienes buscan la destrucción de la unidad de España y parten, además, de la base de que nadie va a tocar las competencias autonómicas. Por supuesto, nadie cuestiona que las formaciones constitucionalistas estarán detrás del Gobierno si, en Cataluña, la situación vuelve por los derroteros de la rebelión, pero lo que escapa a la lógica política es buscar una vinculación con la continuidad del Ejecutivo, si es que éste pierde los apoyos parlamentarios de los que precisa. No es algo de lo que pueda quejarse Pedro Sánchez. Desde el principio sabía los riesgos de pactar con los separatistas la moción de censura y el corto recorrido de una alianza contra natura. Ahora, emplazado por quien puede forzar su caída, no queda más que una opción válida: la de convocar elecciones generales y devolver la palabra a los ciudadanos. Lo contrario no es más que un ejercicio voluntarista de resistencia al frente de un Gobierno que está abrasado por todos sus flancos, sin una probabilidad real de aprobar unos Presupuestos Generales que respeten los compromisos con Bruselas y a merced de las estrategias propias de los enemigos de la España constitucional. Los intereses generales de los ciudadanos no pueden ser gestionados desde la debilidad.