La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha ratificado la condena impuesta a un hombre por un delito de tráfico de drogas en A Coruña, tras rechazar su recurso de apelación.

El acusado fue sorprendido en marzo de 2023 vendiendo cocaína en plena vía pública, en un episodio calificado por los magistrados como un caso de flagrancia delictiva. La condena incluye una pena de un año y siete meses de prisión, multa y decomiso del dinero intervenido y la droga incautada.

Los hechos probados, según la sentencia confirmada por el alto tribunal gallego, se remontan a una mañana de marzo de 2023, cuando agentes de la Policía Nacional, durante un servicio ordinario de prevención en una calle céntrica de A Coruña, observaron una actitud sospechosa en un individuo.

Poco después, este se acercó al acusado, quien, tras un apretón de manos, le entregó una bolsita termosellada de color verde que contenía cocaína. A cambio, el comprador le entregó 60 euros. La transacción fue seguida en todo momento por los agentes, que intervinieron inmediatamente.

En el registro posterior, los policías encontraron la sustancia en el bolsillo del comprador: 0,847 gramos de cocaína con una pureza del 74,1 %, valorada en el mercado ilícito en más de 190 euros. Al acusado, por su parte, se le incautó un total de 138,60 euros en efectivo, en billetes y monedas, cantidad que los agentes vincularon con la venta de drogas.

Durante el juicio, los agentes declararon con contundencia haber presenciado directamente la compraventa, lo que, junto a las pruebas materiales incautadas, fue suficiente para que el tribunal de instancia dictase una sentencia condenatoria.

A pesar de que la defensa del acusado intentó impugnar la resolución alegando falta de pruebas y ausencia de testimonio directo del comprador, el Tribunal Superior desestimó los argumentos. En su razonamiento, los magistrados recordaron que las declaraciones de los agentes, cuando han presenciado los hechos por razón de su función, tienen pleno valor como prueba de cargo.

Además, el acusado llegó a reconocer los hechos en el momento de su detención, alegando que lo hacía "porque no le llegaba la pensión", lo que refuerza, según el tribunal, la solidez de la condena. No concurren en este caso circunstancias atenuantes ni modificativas de la responsabilidad criminal.

El recurso ha sido finalmente rechazado en su totalidad y la sentencia de primera instancia, dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña en marzo de este año, queda confirmada. El acusado deberá cumplir la pena de prisión de un año y siete meses, y abonar una multa de 100 euros. El dinero intervenido y la droga serán destinados conforme a lo previsto por la ley al Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas.