Art. 18: «Se garantiza el derecho al honor, a la integridad personal y familiar y a la propia imagen»

Los famosos reivindican el derecho a la intimidad en el Día de la Constitución

El diestro muestra una reproducción del artículo 18 de la Constitución española
El diestro muestra una reproducción del artículo 18 de la Constitución española

En el día más importante para nuestros derechos fundamentales no podemos darle la espalda a aquel que, reflejado en el artículo 18 de nuestra Constitución, defiende el respeto por el honor, la intimidad personal, la privacidad en nuestro domicilio, el secreto en las comunicaciones y el control informático que permite salvaguardar el ejercicio de nuestra libertad. El 6 de diciembre es la fecha perfecta para pedir que se cumpla lo que está en la Ley, y los famosos han querido compartir con LA RAZÓN la necesidad que tienen de protegerse contra la intromisión en su vida y en la de sus familias. El torero Fran Rivera ha querido ser el primero en poner los puntos sobre las íes y posar en exclusiva para este periódicocon el artículo que debería salvaguardar sus derechos, y que sin embargo le lleva una y otra vez a acudir a los tribunales. Prácticamente desde que nació la atención mediática se ha cebado con él por ser quien era, y ya en 2005 recibió una indemnización de 85.000 euros por la vulneración de su intimidad y la de su hija, Cayetana. Rosa Villacastín reconoció en una entrevista que el caso del diestro comenzó cuando los hijos de Carmina Ordóñez «ponían la tele y escuchaban a gente decir que su madre era drogadicta». Pero la periodista afirma a este diario que «Fran siempre se ha movido entre el ser y no ser. Y hay que reconocer todo lo que estos chicos han sufrido con el tema de la intimidad: la de su madre y la muerte de su padre. Pero luego hace declaraciones en revistas». El caso más reciente es el de Gonzalo Miró. El Tribunal Constitucional amparó su derecho a la intimidad para mantener en secreto la identidad de su padre. Ha tenido que esperar ocho años para conocer la sentencia, que deberá ser ratificada por el Supremo y que podría reportarle el pago de 300.000 euros. También el matrimonio formado por Silvia Casas y Manu Tenorio tuvo que enfrentarse a una calumnia vertida por una revista del corazón apoyada por una foto, en la que se asumía una infidelidad que resultó ser un videoclip, y por el que la pareja interpondrá una demanda para resarcir su honor.

La abogada Teresa Bueyes reconoce que «Fran Rivera está cansado de los ataques constantes e injerencias. Es uno de los personajes que más han pleiteado, y me parece muy bien que defienda sus derechos, aunque es contradictorio con los actos de su mujer. La ley nos protege de las intromisiones pero si está continuamente vendiendo su vida privada...». Matiza que además los procesos son costosos «porque se necesitan abogados especializados en un tema tan complejo y son largos, de incluso años, y la línea jurisdiccional no está clara». Incluso los paparazzi y directores de agencia como Joaquín Reyna (Target Press) reconocen que «el famoso está en su derecho de proclamar el artículo 18 y hacer lo que quiera, ya que es su libertad». Sin embargo, le resulta curioso que «antes se quejaban de la Prensa, y ahora son ellos mismos los que venden su vida, como es el caso de Paula y Bustamante ,que permanentemente publican en las redes sociales».

Para Isabel Gemio es evidente que se reivindique este artículo porque «se sigue vulnerando. Y de hecho las personas conocidas o populares ante la realidad tienen menos derechos». Para la periodista, de este problema tienen la culpa «quienes los consienten, quienes ven los programas y quienes no denunciamos el hecho y somos cómplices. Pero no es mi caso, ya que por criticar y defender estas libertades he sufrido esa vulneración y tengo demandas de hace dos o tres años». Y reconoce que las cantidades son irrisorias y que los abogados de la empresa demandada ya cuentan con ello. «Sin embargo, en Alemania, Francia y otros países europeos desde luego no ocurre eso. Allí, son obligados a publicar la sentencia en portada y comenzar el programa con ''Hemos sido condenados a...''», explica. Cayetano Martínez de Irujo lleva la friolera de 27 demandas que atentan directamente contra su intimidad y su honor, y tiene muy claro el fallo. «Estamos lejos del principio básico de ese derecho. Realmente no existe defensa contra dichos ataques». Lleva 15 años visitando a los siete últimos ministros, «desde Michavila a Gallardón, haciendo hincapié en tres puntos fundamentales que no están contemplados correctamente en la ley: la calumnia, la reiteracion y la indemnización». Denuncia así que «ni hay actualizacion, ni contundencia en la legislación española, o no se utilizan. Si te calumnian, no hay pena». Según él, «no podemos hablar del derecho al honor y a la intimidad porque no tenemos lo básico. He rechazado un cheque en blanco por mi boda y el bautizo de los niños, y me he peleado hasta conseguir salir de la órbita de ese mundo, que no es el mío». Para ello ha empleado «una fortuna y me han tirado dos casos en el Supremo». Sabe de primera mano que Gonzalo Miró está «encantado, y además abre una puerta» para el resto de personajes asediados por su fama y en contra de la ley.

Derecho inviolable

José Luis Requero. Juez magisrado

«El derecho a la intimidad no se puede violentar»

El presidente de la sección 4ª de lo Contencioso- Administrativo y ex vocal del CGPJ asegura que el derecho a la intimidad «no se puede violentar», pero defiende que «depende siempre de tres factores: el grado de celebridad de la persona en cuestión, el tipo de información que se quiera dar y si ésta es o no de interés público». Asegura que el concepto de famoso es «muy relativo» pero está convencido de que «quien comercializa con su vida privada y hace de su día a día un negocio tiene ese derecho a la intimidad bastante más reducido». Sostiene que «las vidas de las personas no son departamentos estancos» y que en el caso de un político la particular y la profesional van de la mano. Según Requero, los ciudadanos, ante un proceso electoral, tienen derecho a saber cómo es la persona que los va a representar. «Otra cosa es la información morbosa», defiende. «En el caso de Gonzalo Miró hay un derecho a la intimidad que hay que preservar» pero «es necesario saber si un político paga sus deudas».

Casos y casos

Leopoldo Abad. Profesor de Derecho Constitucional

«Debe haber una seguridad jurídica para los periodistas»

El profesor de Derecho Constitucional en la Especialidad de Derecho de la Información de la Universidad CEU San Pablo, afirma que «no se pueden dar normas generales» y defiende la necesidad de valorar cada caso. Recuerda que el Tribunal Constitucional tiene una serie de criterios establecidos y que el más importante es quizá «la doctrina de los propios actos». Incide en la impotancia de que los famosos no den impresiones erróneas a los medios y asegura que tiene que haber una «seguridad jurídica para los periodistas porque si no estarían siempre al albor de lo que decidieran los famosos». «El tema del derecho a la intimidad y el del derecho a la información es muy complejo», asevera. Por eso, dice, «hay que saber distinguir entre intimidad y vida privada». En este sentido, los medios pueden informar sobre algunos aspectos de la segunda pero en ningún caso deben entrar en la intimidad del personaje, que tiene que ver en mayor medida con lo que éste siente o piensa.

El detalle

CAÑAMERO, EL CALUMNIADOR DE LA DUQUESA

La empresa Eurotécnica Agrícola, propiedad de la Duquesa de Alba, ha pedido para Diego Cañamero, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), un año de cárcel y multas que totalizan 7.050 euros por delitos de injurias y calumnias al acusarla de pagar en B y contratar irregularmente a inmigrantes. El escrito de acusación se dirige contra Cañamero y Luis Ocaña, abogado del SAT, por una rueda de prensa que celebraron el 29 de septiembre de 2011 y en la que informaron de que habían denunciado ante la Fiscalía a la empresa de la Casa de Alba por emplear las subvenciones europeas «en objetivos de dudosa legalidad» y por contratar a inmigrantes irregularmente. En 2008, Cañamero ya tuvo que indemnizar a Cayetana por un delito de calumnias con publicidad.