Libertad educativa: necesita mejorar

Pero todavía hay padres que no pueden llevar a sus hijos al colegio que desean, el gasto público en conciertos y subvenciones es insuficiente y las regulaciones autonómicas sobre los centros son dispares.

En definitiva, «la libertad educativa depende de la autonomía en la que se resida y, en general, necesita mejorar en España», asegura Mariano Castillo, director del Instituto de Técnicas Educativas de la CECE, la patronal de la enseñanza privada-concertada.

Extremadura, furgón de cola
Así lo constata el último informe elaborado por la CECE, que revela que País Vasco, Madrid, Navarra, Castilla y León, y Cataluña figuran en el ranking como las comunidades que garantizan de manera más eficaz la libertad de elección de centros escolares por parte de las familias y las que más facilitan la creación de empresas educativas.

En el furgón de cola de las autonomías más dirigistas en este campo figuran Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Asturias, casualmente todas ellas con gobiernos socialistas.

Madrid (47,4%), País Vasco (35,7%), Aragón (33,26%) Cataluña (34%) y Baleares (30,9%) figuran entre las autonomías con mayor porcentaje de centros privados y concertados, uno de los indicativos de la existencia o no de libertad educativa, ya que significa que existen más opciones para elegir y que la Administración no sólo respeta sino que, además, financia de manera conveniente su presencia.

Pero «existe mayor grado de libertad en unos sitios que en otros», asegura Castillo, y esto «hay que mejorarlo». Para ello, él apuesta por la regulación; afirma que hay que regular claramente cómo se arbitra en el asunto de los conciertos.

No obstante, la CECE considera que, ante todo, se debe respetar la demanda social y esto pasa por que la Administración permita que haya centros y financie los más solicitados. De hecho, considera que sólo en Madrid, el 70 por ciento de los padres quiere enseñanza privada-concertada para sus hijos.

En el País Vasco, más de la mitad de los alumnos estudian en la enseñanza privada-concertada (51,2%). Le siguen la Comunidad de Madrid (45,38%) y Cataluña (38,6%). En otras comunidades, como Castilla-La Mancha, sólo el 18% del alumnado se inclina por esta opción, claro que el porcentaje está en relación con el número de centros, y en la comunidad castellano-manchega sólo el 16% de éstos son privados o concertados.

Al final del pasado curso escolar, la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) también se hacía eco de los conflictos y «peleas» de los padres a la hora de solicitar plaza en un centro concertado. Así, FERE reseñaba que, si bien más del 65 por ciento de los padres madrileños pidieron como primera opción estos centros, casi el 20 por ciento no lo lograron. En la Comunidad Valenciana, unos 7.000 niños acabaron cursando sus estudios en un centro público o privado, lo que supone que un 30 por ciento de los solicitantes de educación concertada no la recibió. En Cataluña, el porcentaje de alumnos que se quedaban fuera oscilaba entre el 10 y el 15 por ciento.

Otro termómetro que mide la preferencia de los padres por la enseñanza concertada está en el número de alumnos por aula. Así, mientras que en la pública hay 19,4 estudiantes de media por clase, en la concertada se concentran hasta 24,2. Según CECE, también se aprecian muchas diferencias en lo que respecta al coste que supone cada año que un alumno curse sus estudios. Así, mientras en el País Vasco la administración invierte por el puesto escolar 3.409 euros, en Canarias la inversión sería de 2.075.

La concertada, más barata
La escuela concertada ahorra dinero a la Administración. Recientemente, las organizaciones de titulares de centros y asociaciones de padres y madres de alumnos de la escuela concertada volvieron a poner sobre la mesa esta idea.

En el caso de Madrid, «supone un sustancial ahorro para todos los contribuyentes». Así, pusieron como ejemplo que mientras la Comunidad madrileña invierte unos 3.500 euros en el mantenimiento del puesto escolar del centro público, ese mismo Gobierno destina aproximadamente 2.900 euros a la financiación de ese mismo puesto escolar cuando se trata de un centro privado concertado.

Es decir, un 20 por ciento menos; un porcentaje que, según dicen, puede llegar a un 30 por ciento si computamos también los gastos de mantenimiento que, en el caso de la pública, asumen los ayuntamientos o la Comunidad de Madrid mediante créditos extraordinarios.

Por ello, cabe concluir que la enseñanza concertada «es altamente económica para los madrileños», lo que implica un déficit endémico en sus cuentas y balances, ya que el módulo de concierto no cubre más del 60 o 65 por ciento del coste ordinario del puesto escolar. Esta comunidad está siendo, según CECE, un buen ejemplo de cómo poder generar escuelas públicas o privadas dependiendo de la demanda.

 Si bien es cierto que los colegios públicos cuentan con más docentes por número de alumnos, más recursos y dotación económica y un profesorado altamente cualificado –previo paso por oposiciones–, finalmente, muchos padres prefieren que sus hijos estudien en un centro subvencionado.

¿El motivo? «El proyecto educativo que tienen, su ideario, la calidad educativa que históricamente ha tenido la escuela, porque el clima que hay en las aulas favorece más el estudio. Hay menos conflictividad», explicaba Luis Centeno, asesor jurídico de FERE.

Con todo, hay que recordar que la escuela concertada no ha esquivado los efectos de la crisis. Como apuntaba CECE al final del pasado año escolar, la situación económica ha afectado a los servicios complementarios que ofrecen estos colegios.

Así, en algunas regiones, un 35 por ciento de los alumnos ha dejado de hacer uso del comedor; un 10 por ciento dejó de contar con el transporte escolar y un 15 por ciento se ha dado de baja en actividades extraescolares.

El ajuste de presupuestos y el seguimiento de los recibos impagados han sido algunas de las medidas anticrisis puestas en marcha por estas empresas educativas.