El Gobierno ultima más cambios legales para forzar recortes autonómicos

MADRID-La urgencia de la situación económica y la intensa agenda con los nuevos ajustes en ingresos y gasto público dejan este año al Gobierno casi sin vacaciones. En Moncloa no descartan que las dos primeras semanas de agosto haya reunión del Consejo de Ministros y que la reanudación de su actividad legislativa se anticipe también a finales de ese mes, sin esperar a septiembre. El nuevo paquete de ajustes se aprobará el 13 de julio, y si no, el 20. El Gobierno también tiene que presentar este mes el techo de gasto, que condicionará los presupuestos bianuales –por exigencia de la Comisión Europea–, que tendrá que oficializar en septiembre.

El equipo económico ha impuesto la ley del silencio sobre las medidas en las que trabajan. Hacienda hace números sobre distintas iniciativas para medir su eficacia económica y su coste político. Dicen que todas las opciones están abiertas, «que a día de hoy no hay ninguna decisión firme».

Sí anticipan que en buena medida el nuevo paquete legislativo pondrá mucho énfasis en nuevos instrumentos legales por parte del Estado para obligar a las comunidades a profundizar en sus recortes del gasto público. Ya se ha hecho en Sanidad y en Educación, por ejemplo, con la modificación de la legislación básica que ha introducido el copago farmacéutico, la revisión de las tasas universitarias, una nueva ratio de alumno por aula o el incremento de la jornada lectiva.

En este nuevo «golpe» legislativo para corregir las desviaciones, y hacer viable el objetivo de déficit marcado por Bruselas para final de año, llega el turno de la reforma de la Función Pública, en la que las comunidades tienen mucho que decir y que hacer. De hecho, en el mapa de funcionarios, alrededor del 55 por ciento trabaja para la Administración autonómica; y sólo el 21 por ciento, para la Administración Central, es decir, en ministerios, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Guardia Civil, entidades públicas empresariales, Prisiones, Agencia Tributaria...).
 El resto se reparte entre los ayuntamientos y el cuadro de universidades. Las comunidades sostienen que su alta nómina de empleados públicos es el precio de la prestación de servicios.
Pero resulta muy significativo que mientras que en la Administración estatal el número de empleados ha ido disminuyendo poco a poco, casi 270.000 en los últimos diez años, en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas la cifra ha aumentado en unos 600.000.
Esta radiografía de los funcionarios cambiará a partir de septiembre con la reforma de la Ley de Función Pública que ultima el Gobierno. Aunque ya lo está haciendo poco a poco a nivel autonómico con los distintos recortes que están aplicando los presidentes autonómicos bajo la espada de Damocles de su déficit excesivo: despidos de interinos, rebajas de sueldos... Junto con esta iniciativa se activará la reforma de la Administración Pública y un nuevo plan fiscal. Rajoy comparecerá el miércoles que viene en el Parlamento para hacer balance del Consejo Europeo y en Moncloa descartan, a día de hoy, que para entonces estén listos todos los nuevos ajustes.