Un mejor servicio para una España en crisis por Enrique López

El Poder Judicial y la Justicia como servicio público están unidos de modo umbilical a la magia envolvente de la palabra «reforma», y cualquier reforma debe partir de la opción que tomó nuestra Norma Fundamental, determinando el fortalecimiento del Poder Judicial, lo cual a su vez obliga a atribuirle la estructura de un verdadero poder, para su auténtica y plena consolidación. La Justicia no es el mejor de los campos para la experimentación, ni mucho menos para la improvisación. Esto requiere que el objetivo fundamental de la reforma vaya dirigido a hacer un sistema más eficaz y eficiente, que sin rebaja o merma del servicio que presta haga posible su ejercicio en una España sumida en una profunda crisis económica y, por ello, cada vez más necesitada de eliminar costes superfluos. El primer objetivo ha de ser rebajar nuestras desorbitadas cifras de litigiosidad, y para ello se debe desincentivar el litigio y primar la solución extrajudicial, evitando el abuso del recurso a la jurisdicción. En esta línea, como he dicho hace unos días, se debe fomentar la responsabilidad del profesional del derecho a la hora de calificar una pretensión como sostenible y restringir el uso de la Justicia gratuita a quien realmente la necesita, y no a situaciones de abuso como las que vivimos en la actualidad; se debe explorar la extensión de las tasas judiciales que actualmente pagan la personas jurídicas a las personas físicas, de tal suerte que la adopción de las tasas no tiene por qué limitar el acceso a la Justicia de quienes carecen de medios, cuyas necesidades se satisfacen con la prestación por Justicia gratuita. Las tasas tienen un papel racionalizador de los litigios y del gasto en justicia. No se trata de ahorrar ni de limitar derechos, sino de optimizar los recursos existentes para llegar al máximo de las posibilidades de actuación. Se debe transformar en esencia el modo en que distribuimos territorialmente nuestros órganos judiciales, desapareciendo el partido judicial y avanzando en la creación de concentraciones de órganos que permitan prestar el servicio de forma más racional y especializada. Es necesario reforzar el papel del Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, evitando que el Tribunal Constitucional invada sus competencias, porque, cuando ocurre esto, este Tribunal deja de ser Constitucional. Se debe fortalecer la Audiencia Nacional, dotándole de aquellas competencias, en todos los órdenes, que hagan más eficaz el ejercicio de la Jurisdicción, en los supuestos que haya que superar las necesarias divisiones territoriales, autonómicas y provinciales. En otro orden de cosas, se debe hacer un esfuerzo para que la sociedad recupere la confianza en la Justicia, y ello se debe hacer desde dos planos: uno, el de los políticos, los cuales deben controlar sus apetencias sobre el control de los altos órganos de la Justicia; y otro, buscando a personas cualificadas e independientes que no sucumban a cantos de sirenas, entregándose a la satisfacción de intereses partidistas. No hay sistema de selección y funcionamiento de los altos órganos de Justicia del Estado que los blinde frente a este tipo de personas. Por ejemplo, la corrupción debe ser perseguida de igual manera al margen de colores políticos, lo cual requiere una Fiscalía comprometida con la legalidad y unos mandos policiales comprometidos con la persecución del delito. Se debe también seguir en la línea de consolidar la tan ansiada modernización de la gestión de la Justicia, algo que ha acompañado a la misma desde el inicio de nuestra democracia. Mejor sistema, menor coste, mejores leyes y más modernización, dentro de una cultura de despolitización, harán una Justicia propia de una democracia del siglo XXI.

Enrique López
Magistrado de la Audiencia Nacional