La Junta blinda a los 22000 «puestos a dedo» en las empresas públicas

Por un lado, funcionario de carrera, previa oposición y años de estudio. Por otro lado, personal laboral que trabaja en el sector público empresarial tutelado por la Junta y que ha accedido al empleo en muchos casos con una más que dudosa libre concurrencia –«chiringuitos de colocación del PSOE» los llaman en el PP–. Todos juntos pasarán a formar parte de las macroagencias públicas que el Gobierno andaluz aprobó ayer dentro de su estrategia de reordenación del sector público empresarial. Compartirán funciones y convenio colectivo, una vez que los actuales expiren y previa negociación con los representantes sindicales. La medida afectará a 23.476 personas: 2.069 funcionarios, 1.474 personal laboral de la administración y 19.933 que ya trabajan en algunos de los 350 entes instrumentales atribuidos por el Ministerio de Economía a la Junta de Andalucía. No habrá ningún despido y sí más «seguridad jurídica», según la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, para todos los contratados que no son funcionarios. Eso sí, mientras estos últimos podrán decidir su incorporación a las nuevas agencias públicas libremente –a cambio de puntos para posteriores concursos de méritos–, el personal laboral pasará a esos nuevos entes de forma inmediata. De momento, el sindicato CSIF-A ya anunció el pasado lunes que equiparar a «los afines al poder» con funcionarios es inconstitucional.Pese a esta advertencia, el Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto-ley de reordenación del sector público de la Junta de Andalucía que conlleva la desaparición de 111 entidades instrumentales y la modificación de otras 16. Se trata de una de las medidas comprometidas por el Gobierno andaluz para cumplir el acuerdo de sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013 y que ya fue anunciada por el propio Griñán en el Parlamento.La reestructuración ha sido impulsada desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública, si bien ha sido cada consejería la que ha diseñado los cambios que atañen a su departamento. Así, entre otras, se crea la Agencia de gestión agraria y pesquera de Andalucía; la Agencia de obra pública; Agencia andaluza del conocimiento; el Servicio Andaluz de Empleo pasa a ser una agencia de régimen especial; se constituye la Agencia de servicios sociales y dependencia; otra de instituciones culturales; y una última para deporte y turismo. Las 111 sociedades que se extinguen lo harán con fecha límite de 31 de diciembre de este año, momento en el que jurídicamente pasarán a formar parte de las nuevas agencias públicas. Martínez Aguayo estimó que con esta medida la Junta se ahorrará entre 110 y 115 millones hasta el año 2013. La supresión de 182 puestos directivos de las empresas que desaparecerán –que en el caso de que tuvieran puesto reservado en la Administración volverán a ocuparlo– y las economías de escala en la contratación de bienes y servicios serán los ejes principales para la aminoración de los gastos. En cualquier caso, la cifra sólo alcanza el 0,6 por ciento de los más de 5.000 millones que el sector público cuesta a las arcas públicas andaluzas anualmente, aunque la Junta señala que el objetivo es «mejorar la eficiencia y el servicio que se presta a los ciudadanos». Para que este nuevo mapa de las empresas instrumentales esté operativo, no hay una fecha cerrada. Una vez formalizadas jurídicamente, habrá que elaborar un plan de sedes y de recursos humanos para que comiencen su actividad. Mientras, seguirán prestando su servicio de manera habitual a la espera de que concluya el proceso. La consejera de Hacienda y Administración Pública negó que en este intervalo de tiempo se produzca descoordinación o parón administrativo: «Han sido las propias consejerías las que han diseñado el plan», argumentó. Un sector de 5.000 millones- 19.933 personas son las que trabajan en el sector público empresarial andaluz.- El personal laboral que trabaja en la propia Administración asciende a 1.474 personas. Con un muy buen convenio colectivo en vigor, son los más reacios a la integración. - Los funcionarios afectados serán 2.069. De todas formas, su integración en las nuevas agencias será voluntaria y obtendrán puntos para posteriores concursos de mérito.- Según el inventario de entes instrumentales del Ministerio de Economía, la Junta tiene 350 sociedades de este tipo; el Gobierno andaluz sólo reconoce 254.