OPINIÓN: Prestigiemos el parlamento

En tiempos de crisis, en los que la ciudadanía está sufriendo duros recortes, la trasparencia en la gestión del dinero público es, más que nunca, un ejercicio de responsabilidad política y de salud democrática. No ayudan en este sentido casos como el de los falsos prejubilados que durante años se han «colado» en los ERE de diferentes empresas andaluzas intervenidas por la Junta.
Ante el alcance del escándalo, y con el objetivo de dignificar a la política y a las instituciones, vemos necesario y urgente una comisión de investigación que clarifique en el Parlamento el alcance de las responsabilidades políticas en esta trama de corrupción. Los ciudadanos necesitan respuestas claras sobre un asunto que puede convertirse en el caso de corrupción más importante dado en la Administración andaluza.
A IULV-CA no nos vale sólo la acción de la Justicia en este tema espinoso. Y no nos vale porque el Parlamento tiene entre sus funciones la de controlar la acción del Gobierno cundo ésta se descontrola a través de comisiones de investigación (Art. 52 del reglamento). Hay que recordar que la democracia que conquistamos se basa en la separación de poderes, por lo tanto, no son incompatibles los procesos judiciales, con la investigación parlamentaria, sino más bien aconsejable pues refuerzan la transparencia.
Mal camino toma el PSOE y el presidente Griñán al querer tapar las responsabilidades del Gobierno escudándose en la acción de la Justicia y en la colaboración que están ofreciendo desde la Junta. Porque, les recuerdo, que esta colaboración es algo a lo que estamos obligados todos los cargos públicos si somos conocedores de algún supuesto delito. Pero más allá de si finalmente se pone en marcha o no una comisión de investigación, lo que ha quedado claro es que la imagen de solvencia de Griñán y del PSOE-A han saltado por los aires. Han quedado en entredicho porque fueron los que nombraron y mantuvieron en sus responsabilidades a los que ahora tildan de «golfos». Fueron los que inventaron atajos para saltarse los controles de la Administración y los que no actuaron ante informes contrarios de la Intervención a la gestión que se realizaba sobre estos fondos. IULV-CA quiere que se aclare a los andaluces y andaluzas cómo se ha gestionado el dinero público destinado a empresas en crisis; exige que asuman responsabilidades los políticos que permitieron por acción u omisión todo esto; quiere prestigiar ante los ojos de los ciudadanos la imagen de la democracia, de la política y del Parlamento; también de los ERE como un instrumento útil de defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Diego Valderas es coordinador general de IULV-CA