Nada que negociar

Pocos días después de que el Ministerio del Interior aprobara las nuevas condiciones a las que se pueden acoger los terroristas encarcelados para mejorar su estatus penitenciario, la banda ETA ha transmitido a través de terceros su disposición a negociar con el Gobierno un hipotético desarme. Al mismo tiempo, ha hecho saber por boca de sus dirigentes presos que la nueva política carcelaria, a la que tacha de «estratregia de presión y chantaje», no le satisface porque exige el arrepentimiento. Poco o ningún comentario merecería esta nueva exhibición retórica de los terroristas, que no aporta novedad alguna, si no fuera porque partidos democráticos como el PNV y el PSE la han acogido con arrobada emoción y entusiasmo, como si asistiéramos a un regalo de la historia, de modo que si el Gobierno no se plega a la propuesta de los etarras caerá sobre nuestras cabezas la maldición de otros 50 años de atentados y asesinatos. Naturalmente, se trata de otro artificio de una banda que pretende enmascarar su derrota con una negociación entre iguales y legitimar medio siglo de terrorismo. Pretensión para la que cuenta con el apoyo incondicional de los nacionalistas y de una parte de los socialistas, partidarios de pasar página sin vencedores ni vencidos. Flaca memoria e indigno homenaje para los correligionarios de ambos partidos que fueron asesinados por la espalda. Frente a ello, reconforta la reacción del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ayer fue tajante: Éste Gobierno ni ha negociado, ni negocia ni negociará jamás con ETA. Por supuesto, le niega a la llamada Comisión Internacional de Verificación (¿quién paga a estos señores: los etarras, Ajuria Enea o quién?) cualquier legitimidad con el aplastante argumento de que se bastan los jueces y las Fuerzas de Seguridad para comprobar si la banda se quiere rendir o no de forma incondicional. Y en cuanto a las últimas medidas penitenciarias, el ministro también ha sido inequívoco: ETA engaña a sus presos cuando les promete una amnistía colectiva, porque sólo podrán acceder a beneficios carcelarios si se desvinculan de la banda, cumplen con los requisitos legales y, en última instancia, piden perdón. En suma, no es el Gobierno de la nación el que tiene que «mover ficha», como ansiosamente exigen los batasunos, peneuvistas y una parte del PSOE, sino la banda terrorista para anunciar su rendición, dónde entrega las armas y cuándo se pone a disposición de la Justicia. Tras medio siglo de terrorismo y casi 900 asesinatos, la sociedad española no admite otro punto final que éste. Tiene que haber vencedores y vencidos, que son los demócratas y las víctimas sobre los fanáticos y los verdugos. Así lo entiende el Gobierno de Rajoy y así debe entenderlo el principal partido de la oposición.