La acusación pide multa o hasta cinco años de cárcel para Garzón

MADRID- Los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea presentaron ayer su escrito de acusación contra el juez Baltasar Garzón en relación con los patrocinios de cursos en la Universidad de Nueva York durante los años 2005 y 2006, cuando se encontraba de licencia de estudios concedida por el Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, solicitan una multa de 27.000 euros para Garzón por un delito de cohecho propio, o como alternativas, penas de dos a cinco años de cárcel e inhablitación de hasta 12 años. El juez del Tribunal Supremo instructor de esta causa, Manuel Marchena, imputó el pasado 27 de enero a Garzón por un delito de cohecho impropio. En esa resolución, señalaba que las «gestiones» que realizó el magistrado ante directivos de empresas permitieron la «obtención definitiva» de 1.237.000 dólares con los que se financiaron distintos cursos.

El escrito de acusación de los abogados querellantes señala que el imputado, durante su estadía en la mencionada universidad norteamericana, «y en unión de otras personas» de la misma, «concibió la idea de llevar a cabo una labor de recaudador de fondos de patrocinios que aumentaran su prestigio y mejoraran su economía» en Nueva York.

Para lograr ese objetivo, Garzón llegó a un «concierto, acuerdo o pacto de asociación con otras personas» que ejercían cargos directivos o de responsabilidad en la Universidad de Nueva York, «a fin de recaudar grandes sumas de dinero de empresas españolas por título de patrocinios para cursos o seminarios». Empresas, añade al respecto, que sabía de antemano «que no se resistirían a sus peticiones, por la ascendencia que sabía ejercía sobre las susodichas empresas su condición de "Juez Garzón"o Juez Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, de quien respaldaba o instaba la solicitud de fondos, y especialmente en los casos de empresas como Santander, BBVA y Telefónica que bien habían tenido causas directas afectantes a sus entidades en manos del imputado o bien tenían en su poder gestiones que afectaban de manera decisiva a las obligaciones de la entidad».

Por su parte, la defensa de Baltasar Garzón, ejercida por el abogado Enrique Molina –ex fiscal del que era titular su cliente– ha recurrido la decisión del instructor del Supremo. En primer lugar, alega que la Jurisdicción española no es competente para investigar unos hechos imputados que «se dicen cometidos en el extranjero». Además, rechaza que esos hechos puedan ser delictivos, «pero si lo fueran, estarían prescritos». Y, fundamentalmente, rechaza de plano que incurriese en un delito de cohecho impropio, ya que en este caso «no existe regalo, ni dádiva recibido y aceptado» por Garzón.

Juicio en la recta final
- El juicio que afronta Baltasar Garzón estos días en el Supremo por asumir la competencia para investigar las desapariciones de víctimas del franquismo y, posteriormente, declararse incompetente para continuar, entra en su recta final. De hecho, está previsto que hoy declaren los tres últimos testigos citados por la defensa, pertenencientes distintas asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, que presentaron denuncias en la Audiencia. Después, se entra en la fase documental e informes finales.

Las causas del juez
1.- «Gürtel»
Sólo resta conocer la sentencia del Supremo por haber ordenado escuchar en prisión las conversaciones de los principales imputados del «caso Gürtel» con sus abogados.
2.- Franquismo
Esta semana quedará visto para sentencia el juicio, donde la acción popular –ejercida por Manos Limpias– le acusa de prevaricación. Defensa y fiscal piden su absolución.
3.- Cobros en Nueva York
El juez del Supremo Manuel Marchena le imputó el 27 de enero por un presunto delito de cohecho impropio, por sus «gestiones» ante empresas.
4.- Acusación y defensa
Los querellantes le acusan de llevar a cabo una «labor de recaudador de fondos de patrocinio»; mientras esgrime, entre otros motivos, la prescripción.