Un mando policial forzó a dos agentes a retirarse de la «operación Faisán»

Así, al menos, se recoge en el escrito presentado por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), quien, por ello, pide al juez Pablo Ruz que cite a declarar como testigo al Jefe del Grupo VIII para explicar «su participación en los hechos investigados», ya que fue quien les designó para participar en ese dispositivo.

Así, uno de los agentes declaró el pasado 10 de febrero ante Baltasar Garzón que cuando vieron cómo Elosúa realizaba esa llamada telefónica, se lo comunicaron a su jefe de grupo, el cual, posteriormente, les ordenó que recogiesen todas las cosas y regresaran a la Comisaría, ya que no se iba a llevar a cabo ninguna detención.

«A nosotros lo que nos comentan es que... vayamos para la Comisaría porque era un tema que se había..., que otras veces había pasado... que parece que se iba a montar la operación, pero que al final no se montaba».

Ese mismo día compareció ante el juzgado otro de los agentes destinados para la misma operación, cuyo testimonio confirmó el anterior. El funcionario en cuestión, según se señala en el escrito de Dignidad y Justicia –personada como acción popular en la causa–, se acercó a la cabina nada más realizar Elosúa la llamada, con el objetivo de rastrear el número al que había llamado. Inmediatamente, llamó a su jefe, el cual, a su vez, le llamó a continuación y le dijo «que se volvieran para la Comisaría de San Sebastián, porque no tenían el material adecuado, no volviendo ya ese día al dispositivo».

Por otro lado, la citada asociación ha solicitado al magistrado que se realicen las pruebas pertinentes para averiguar los usuarios de los tres teléfonos móviles pertenecientes a la Subdirección General del Ministerio del Interior, en relación con el intercambio de llamadas con el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior de Policía en el País Vasco, imputados ambos en la causa. Dignidad y Justicia pretende que declaren como testigos. Algunas de esas llamadas se realizaron la noche previa al «chivatazo» que evitó que se realizara la operación contra la red de extorsión de ETA.

Esta petición se realiza porque ese tráfico de llamadas no aparece en el informe que realizó el equipo de investigación que dirigía Carlos G., y toda vez que ello evidenciaría que García Hidalgo estuvo en contacto con un número fijo y otro móvil de la Subsecretaría de Interior, mientras que el Jefe Superior de Policía del País Vasco contactó igualmente con otro móvil del Departamento al frente del cual se encuentra Antonio Camacho.

El informe presentado por el equipo de investigación, señala DyJ, presentado el 23 de enero de 2007, se analizaban «pormenorizadamente» las llamadas telefónicas «enviadas y recibidas por los tres implicados, tanto el día 3 de mayo de 2006 como el día 4 de mayo de 2006» y los días 5 a 14 de septiembre del mismo año, «tanto en sus teléfonos oficiales como de seguridad».

Sin embargo, «entre dichas llamadas nunca quedan reflejadas las llamadas, tanto las enviadas y recibidas, tanto por el Jefe Superior de Policía del País Vasco como el director general de Policía» a los tres números pertenecientes a Interior. Una de ellas pondría de relieve que se conocía desde el día anterior de la reunión que el 3 de mayo de 2006 que iban a tener Elosúa, el etarra Ramón Sagarzazu –del «aparato económico» de la banda– y el fallecido dirigente del PNV Gorka Aguirre.

La tregua como telón
Dignidad y Justicia, además, solicita que se cite a declarar como testigo un comisario superior al jefe del equipo conjunto de investigación, Germán G., . El motivo es el informe que elaboró, donde señalaba que la actuación del citado Germán G. durante el día anterior al «chivatazo», fue «reticente en diversos momentos a la realización de dicho servicio, argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos dado el momento de la tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre».


La Fiscalía no recurrirá las pruebas de Ruz
La Fiscalía no recurrirá el auto del juez Pablo Ruz en el que acuerda la práctica de diligencias, entre ellas las declaraciones de tres testigos, la elaboración de un informe por la Guardia Civil en relación con los cortes registrados en la cinta de vídeo-vigilancia grabada en las inmediaciones del bar «Faisán». Además, el magistrado quiere interrogar al «confidente» etarra al que se refirieron en sus declaraciones dos de los imputados. El Ministerio Público considera que esas diligencias no se pueden considerar en ningún «impertinentes» o «inapropiadas», pese a reconocer que no son «esenciales para conocer el fondo de la investigación», ya que muchas han sido ya practicadas. Una vez conocido los resultados, la Fiscalía decidirá si mantiene o no su petición de sobreseimiento de la causa o modifica su postura.


El PP insta a Rubalcaba a «decir la verdad»
- PP. La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría aseguró ayer que el auto de la Audiencia Nacional que reactiva la investigación del «caso Faisán» supone un revés para el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de quien considera que «tiene que empezar a decir la verdad» del chivatazo a ETA. Según recordó la portavoz del PP, su formación lleva años pidiendo explicaciones a Rubalcaba. Ahora que «la Justicia ha hablado y no puede seguir callado», el PP cree que el Congreso merece una explicación y el ministro del Interior «tiene que empezar a decir la verdad» ante la pregunta que el PP piensa plantearle hoy sobre este asunto, informa C. S. M.
- SINDICATOS POLICIALES. Los sindicatos policiales se felicitaron por la decisión de ordenar nuevas diligencias en el «caso Faisán», ya que creen que así se podrá llegar hasta el final y esclarecer los hechos ocurridos en 2006. Así lo manifestó el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito. Por su parte, la Unión Federal de Policía (UFP) se felicitó porque «por fin alguien quiera ver la luz en el caso».
- VÍCTIMAS. La asociación Dignidad y Justicia ha solicitado al juez Pablo Ruz que identifique e interrogue a los titulares de tres números de teléfono de Interior con los que los imputados del «Faisán» intercambiaron varias llamadas en las horas previas y posteriores del chivatazo.