Escándalos socialistas

El PSOE atraviesa su etapa más complicada desde la recuperación de las libertades. A su desplome político, que le ha conducido a las menores cotas de poder institucional de la democracia, se le han sumado un número creciente de casos de corrupción con protagonismo de destacados dirigentes, ex ministros, altos cargos autonómicos, alcaldes y concejales significados. Asuntos como el fraude de los ERE, Invercaria, la «operación Campeón», el «caso Arcos», «Ibiza centro», la compra de votos en Melilla, el «caso Facturas» en Elche, el «caso Plasencia», el «caso Unión» de Canarias y distintas tramas urbanísticas en al menos 17 ayuntamientos, entre otros, configuran un mapa de corruptelas y abusos que ha socavado la imagen y el crédito de un partido incapaz de ofrecer respuestas convincentes. Anteponiendo la presunción de inocencia, lo cierto es que los últimos datos que se barajan hablan de un centenar de socialistas imputados que pudieron mantener sus cargos públicos con la aquiescencia de la dirección del partido. El último de esos episodios ha sido el del alcalde de Lugo, que esta misma semana fue respaldado por la Ejecutiva de Rubalcaba. Es evidente que la gran mayoría de los socialistas españoles son gente honrada que se equivocó o acertó en su labor sin vulnerar la Ley. Sería injusto generalizar la actitud reprobable de unos pocos, pero es obvio que la reacción ante los escándalos resultó insuficiente. Quienes promovieron auténticas cacerías políticas y procesos inquisitoriales contra los adversarios sin respetar procedimientos judiciales ni mínimos parámetros morales justifican hoy encastillamientos insólitos y estrategias provocadoras como la de José Antonio Griñán y los socialistas andaluces, con campañas de difamación contra la juez instructora del fraude de los ERE que, entre otras cosas, ha identificado 887 ayudas arbitrarias a socialistas con fondos de todos los andaluces, en lo que sólo puede catalogarse como un asalto a las arcas públicas. España es el cuarto país de la zona euro donde más preocupa la corrupción y eso no puede ser casualidad. Los partidos tienen el deber de desterrar a los sinvergüenzas y dignificar el servicio público, porque con ello dignificarán la democracia. El PSOE no es un partido corrupto, pero tiene un serio problema de corrupción sin resolver y, lo que es peor, sin reconocer. No se trata de criminalizar a nadie ni de interpretar restrictivamente la presunción de inocencia, pero tampoco de ponerse una pinza en la nariz y mirar para otro lado. Los socialistas están inmersos en una travesía del desierto complicada, y se supone que también en un tiempo de renovación de proyecto y de estructuras. No hacerlo desde la autocrítica, con una regeneración exigente, hará que su futuro se parezca demasiado a un pasado para olvidar.