El PP denunciará ante el Tribunal de Cuentas el mal uso de los fondos

Sevilla- El Partido Popular presentará una demanda ante el Tribunal de Cuentas al observar «indicios de responsabilidad contable» y «posible alcance de caudales públicos» en Invercaria. La denuncia señalará directamente tanto a los diferentes presidentes de Invercaria como a su consejo de administración.

Así lo anunció ayer el coordinador de Política Económica del PP-A, Rafael Carmona, quien explicó que su partido entregará al Tribunal de Cuentas la cinta con la grabación de la conversación entre la ex presidenta de Invercaria, Laura Gómiz, y el ex director de Promoción, Cristóbal Cantos, que «pone voz al fraude que puso de manifiesto la Cámara de Cuentas de Andalucía».

De este modo, el dirigente popular indicó que, «a la vista de que se está dirimiendo en el juzgado de lo Penal y de lo Social, planteamos una denuncia ante el Tribunal de Cuentas del Estado por alcance de caudales públicos». Según expresó Carmona, la denuncia se basará en las «irregularidades» dadas a conocer por la Cámara de Cuentas con respecto a Invercaria, entre las que señaló que los procedimientos de contratación de personal o de concesión de préstamos «incumplen» o «no se ajustan» a la normativa.

En este sentido, Carmona apuntó la existencia de «mochileros» o «personas que están cobrando en Invercaria pero que no están prestando sus servicios» en la empresa, así como que el personal no directivo «no era contratado mediante convocatoria pública». A esto añadió el «uso indiscriminado de la tarjeta de crédito sin justificación debida de los gastos» o la «falta de publicidad» de estos fondos en cuanto a las características del préstamo o a cómo se seleccionaba a los beneficiarios.

«Como queda reflejado en el informe de la Cámara de Cuentas, era un sistema discrecional para conceder préstamos a quienes ellos querían y a quien eran amigos», que «ha hecho uso indiscriminado y a su antojo el reparto de esos fondos», aseveró.
Con estos argumentos, el PP presentará una demanda que «señalará directamente a quienes tenían bajo su responsabilidad esos caudales públicos», esto es, a «los diferentes presidentes de Invercaria y al consejo de administración, que son los que tenían las competencias para decidir sobre esos fondos», indicó.

Por su parte, la portavoz del PP-A, Rosario Soto, criticó que tanto la Junta de Andalucía como su presidente, José Antonio Griñán, están actuando ante este «fraude» del mismo modo que «con los ERE», es decir, «negando la mayor, tratando de tapar y mentir sobre las grabaciones e intentando acusar al PP de envilecer la campaña política».

Para la portavoz popular, esta actitud denota que «Griñán sabe que los hechos son graves y que, como apuntaba la presidenta de Invercaria, están implicados altos cargos y el Gobierno andaluz». Sin embargo, Soto apostilló que en esta ocasión «Griñán no es consciente de que le han pillado».