Castaño y Gómez Lobo imputados otra vez a la espera de más pruebas

Sólo dos meses ha durado la tranquilidad para el ex asesor municipal del PSOE Enrique Domingo Castaño y el ex concejal socialista Manuel Gómez Lobo, que vuelven a estar imputados en la causa abierta sobre la presunta falsificación de facturas de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos Unidad correspondientes a subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento y la Diputación.

Es la consecuencia de la decisión del juez de Instrucción número 14 de «dejar sin efecto» su propio auto del pasado 6 de septiembre, en el que únicamente quedaban inculpados la ex presidenta del colectivo Ángeles Nevado, su marido y asesor de la Corporación provincial Ángel María Cervera y la antigua secretaria de la organización ciudadana Josefa Prados.

En un nuevo auto emitido el pasado 29 de octubre, el juez Manuel Ignacio Centeno se suma a la Fiscalía y acepta reabrir la investigación, centrándose en las últimas facturas «sospechosas» presentadas por la acusación particular del Partido Popular.
Concretamente, el juez resuelve «continuar la tramitación del procedimiento como diligencias previas para completar la fase de instrucción del mismo» al aceptar parcialmente no sólo los recursos del PP para que se profundice en esos nuevos recibos, sino también los formulados por Nevado, Cervera y Prados solicitando su exculpación del «caso Unidad».

En la misma actuación, el instructor reclama a los interventores del Ayuntamiento y la Diputación información sobre las facturas señaladas por el PP, concretando «si alguna de las mismas se encuentra en algún expediente de las cuentas justificaciones de las subvenciones concedidas a Unidad en los años 2001, 2002, 2003 y 2004». Impone, además, un plazo de 15 días para que ambas administraciones presenten los recibos originales.

Dirigentes locales del PSOE, como su portavoz municipal, Alberto Moriña, celebraron en su día la exculpación de dos estrechos colaboradores del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, junto a los responsables de la empresa Copyur y exigiendo «disculpas públicas» al PP por sus ataques contra el Gobierno local a cuenta del «caso Unidad». Los socialistas vieron despejarse el panorama tras el varapalo de las primeras facturas falsas detectadas en el Distrito Macarena, que condujeron a la cárcel su ex secretario José Marín y al contratista José Pardo. Pero el PP prefirió incidir en la ampliación de la investigación hasta «convencer» a la Fiscalía y al juez. El PSOE, de momento, guarda silencio.