La Sanidad en la UVI

Madrid- No descubrimos nada si decimos que el sistema sanitario de nuestro país atraviesa actualmente una situación más que complicada. Con un agujero financiero que podría rondar los 15.000 millones, según las últimas estimaciones –las facturas pendientes de cobro elevarían esta cifra hasta los 22.000 millones de euros–, la sombra de los recortes se cierne peligrosamente sobre el sistema, un gigante con pies de barro. El estado del bienestar no aguanta porque cada vez somos más y más mayores, y eso no sale gratis a la Sanidad. El gasto sanitario público se ha disparado en los últimos años llegando casi a duplicarse y superando ya con creces los 60.000 millones de euros anuales. Con una losa sobre su cabeza que supone más del seis por ciento del Producto Interior Bruto nacional, no es de extrañar que el sistema se tambalee, más aun teniendo en cuenta la difícil coyuntura económica que vive España.

Y a pesar de ello, las cifras reflejan que España se encuentra lejos del gasto medio de nuestros vecinos europeos. Así, el gasto sanitario por persona se sitúa en nuestro país en 1.289 euros de media, frente a los 1.500 del Viejo Continente. El promedio europeo se encuentra en línea con las comunidades autónomas punteras de España –País Vasco, Navarra o Asturias–, pero muy alejado del vagón de cola nacional. La gran desigualdad existente entre regiones deja a Islas Baleares, Comunidad Valenciana o Madrid en las últimas posiciones del ranking. A pesar de ello, somos los europeos que más veces acudimos al médico a lo largo del año. Con 8,1 visitas anuales, cuadruplicamos a griegos o suecos y superamos con holgura las 5,8 visitas de media de la UE-15. Con este negro panorama, no sería de extrañar que, tras las elecciones municipales y autonómicas del próximo 22 de mayo, muchas comunidades siguen la senda marcada por Cataluña y emprendan recortes de envergadura para reducir la factura sanitaria. De hecho, son varias ya las regiones que han decidido comenzar a actuar por su cuenta para atajar un gasto que en ocasiones supera el 50 por ciento del presupuesto autonómico y que de media se lleva treinta de cada cien euros que se gastan en las comunidades. Partiendo de la base de que sólo existen dos soluciones posibles –reducir el gasto o aumentar los ingresos–, la inacción y la falta de un rumbo claro del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad deja poco lugar para experimentos.

Por la vía de los ingresos sólo hay dos opciones: copago o más impuestos. Aunque la primera fórmula ha estado sobre la mesa de todos los titulares de Sanidad, lo cierto es que nadie se ha decidido a dar un paso claro y firme en esta dirección, previsiblemente por el coste político que esto podría suponer, más si cabe cuando se acercan unas elecciones municipales y autonómicas y las generales están a la vuelta de la esquina. Aunque el copago tendría un efecto disuasorio ante el uso irresponsable de la sanidad y elevaría los ingresos del sistema, también podría causar un efecto contrario al deseado: que aquellos más desfavorecidos y que realmente lo necesitan desistan de acudir al médico por el coste que supondría. «Antes hay que agotar todas las medidas de ahorro y eficiencia», afirmó el pasado mes de diciembre la responsable de Sanidad, Leire Pajín. Y es en esas medidas de ahorro donde el sistema puede encontrar una vía que garantice su sostenibilidad. No se trata de recortar por recortar, –Cataluña pretende reducir su gasto un diez por ciento– sino de incentivar políticas de eficiencia que permitan la supervivencia del Sistema Nacional de Salud. En ese sentido, son ya varias las comunidades que se han puesto manos a la obra y han emprendido medidas para reducir el gasto, o lo harán próximamente. Sanidad no logra convencer a las autonomías con propuestas como la monodosis y el retraso de un año en aprobar los nuevos precios de referencia de los medicamentos no contribuyen a ello.
 
Mientra el debate del copago planea, Galicia ha implantado un catálogo propio de medicamentos que excluye de la financiación pública los más caros. La medida ha chocado con la voluntad del Gobierno central y de las empresas farmacéuticas, que han llevado el asunto al Tribunal Constitucional, donde ha sido suspendido temporalmente.

Compras centralizadas
La ministra de Sanidad aún no ha sido capaz de dar soluciones a la situación de la Sanidad. Una mejora de la gestión o la implantación de las compras centralizadas de tecnología médica y fármacos permitirían negociar mejores precios con los proveedores en lugar de tener 17 sistemas distintos. A la causa del ahorro podrían sumarse iniciativas como las deducciones fiscales para la contratación de seguros privados.