Cuando Griñán no quería subir impuestos

SEVILLA- El Gobierno andaluz no ha dado el paso adelante para subir los impuestos en la comunidad. Ni siquiera ha confirmado de forma definitiva que lo vaya a hacer en un futuro inmediato. Sin embargo, el mensaje trasladado por el Ejecutivo autonómico en las últimas semanas, alzado como globo sonda, es que no lo descarta. Que la balanza se incline para uno u otro lado dependerá del alcance del plan de ajuste que la Junta tendrá que presentar antes del 22 de junio al Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que se unirá a las medidas ya puestas en marcha, como la reducción salarial a los 285.000 funcionarios y personal laboral de la Administración, con un alcance de casi 900 millones de euros entre 2010 y 2011.La consejera de Hacienda y Administración Pública ha sido la última en pronunciarse. El pasado viernes, tras el Consejo de Gobierno extraordinario en el que la Junta convalidó el decreto-Ley anticrisis del Gobierno central, Carmen Martínez Aguayo dejó todas las interrogantes –y todas las opciones– en alto. La Junta no renuncia a «ninguna medida» en materia fiscal, incluida la subida del tramo autonómico del IRPF para las rentas más altas, tal y como se ha decidido en Cataluña. Justo una semana antes, era el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el que abría la espita al asegurar que barajaba el aumento de la presión fiscal «si es necesario» y marcaba una línea roja: «Cualquier revisión fiscal que se haga debe gravar especialmente a las rentas y a los patrimonios más altos».La postura de Griñán es radicalmente distinta a la que ha mantenido durante su etapa como consejero de Economía y Hacienda y desde que accedió hace ahora algo más de un año a la Presidencia de la Junta. Los tiempos también han cambiado. En más de una ocasión ha defendido en el Parlamento, para contrarrestar el mensaje incesante del Partido Popular de bajada de impuestos, que tanto el Gobierno central como el autonómico han aminorado la presión fiscal más incluso que durante la etapa de José María Aznar. En una de las ocasiones en las que el alto dirigente andaluz se posicionó de forma más clara fue el uno de septiembre del pasado año, cuando señaló: «La Junta no va a modificar su elenco de tributos y vamos a mantener la presión fiscal normativa». Su posicionamiento venía marcado entonces por un contexto en el que la Junta daba los últimos retoques a su proyecto de Presupuestos –pocas semanas más tarde se presentó la envolvente– y a nivel nacional se abrió de par en par una corriente de opinión favorable al aumento fiscal que más tarde cristalizó en la subida del IVA y la supresión de la bonificación de los 400 euros.Cataluña ha sido la primera comunidad en recurrir a esta vía de ingresos por la que estima recaudar en torno a 150 millones de euros. Una cifra casualmente igual a la que ha perdido la comunidad andaluza con la supresión en 2008 del impuesto de Patrimonio de las Personas Físicas, el tributo etiquetado como el de «los ricos» y que el Gobierno central se comprometió a compensar en el nuevo sistema de financiación autonómica. En 2007, Andalucía ingresó por este concepto 147,38 millones de euros, casi 25 millones más que el año anterior, según los Cuadernos de Recaudación Tributaria.El cambio de postura de Griñán sólo puede explicarse por los dos fuegos entre los que se encuentra: por un lado, la necesidad de mantener la inversión social pese a la ya anunciada congelación presupuestaria para 2011; y, por otro, el gran desplome de la recaudación tributaria. La única forma de apagar transitoriamente estos dos fuegos es con el extintor del endeudamiento público, que este año ha llegado al tope del 2,75 por ciento del PIB (4.035 millones), pero esta salida también está vedada por el Gobierno central y, más arriba, por la directrices del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea. El mencionado desplome de los ingresos es significativo. Sólo hay que atender al Presupuesto vigente. La previsión de recaudación tributaria (el principal pulmón de los ingresos no financieros) bajó un 21 por ciento, pasando de 12.754 millones a 10.072 y el Fondo de Suficiencia (la segunda pata en importancia) descendió otro 16 por ciento, de los 10.052 de 2009 a 8.416 millones. Ante estos datos y teniendo en cuenta el escenario actual, al Gobierno andaluz no le queda otro camino que meter la tijera en el gasto y proceder, si así se acuerda finalmente, a una subida de impuestos, que vendrá por la vía directa (como la trama autonómica del IRPF) o indirecta. O por las dos.

Deberes atrasados en recortesLa Junta está inmersa en la elaboración de un plan de ajuste sobre el que aún no ha trascendido ningún detalle, más allá de las declaraciones de intenciones de la consejera de Hacienda y Administración Pública encargado de pilotarlo y del propio presidente andaluz. Todo está en revisión. Habrá recortes «donde menos daño se haga».- El gasto corriente está en el punto de mira. El presupuesto de 2010 dedica a «gastos corrientes en bienes y servicios» 3.351 millones de euros, sólo un 0,1 por ciento menos que en el ejercicio anterior, unos dos millones de euros. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, acaba de anunciar un plan que incluye una rebaja del 10 por ciento en el gasto corriente.- El desembolso en personal copa un tercio de las cuentas públicas. Este año, 10.221 millones de los 33.737 presupuestados. Pese al escenario de crisis económica, esta partido ha ido subiendo año tras año. En 2010, un 0,6 por ciento respecto al ejercicio anterior, lo que supuso un incremento de 86 millones de euros. La bajada de sueldos en la Administración reestructura esta partida.