La Audiencia Nacional admite los recursos contra el recorte salarial de los funcionarios

La historia se repite. Como ya hiciera en 1997 cuando el Gobierno de José María Aznar congeló los sueldos de los funcionarios, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional admitió el pasado día 9 a trámite los recursos presentados por CC OO y UGT contra el recorte salarial de los empleados públicos aprobado por el Gobierno el pasado 20 de mayo. El Ejecutivo decretó entonces una reducción de entre un 0,56 por ciento y un 7 por ciento de las nóminas de los funcionarios y empleados públicos para ahorrar 4.500 millones de euros en el marco del plan de ajuste aprobado por el Ejecutivo para reducir el déficit público.

La decisión, que Comisiones Obreras calificó ayer en un comunicado como «confiscación» de los salarios de los empleados públicos, ha afectado no sólo al personal de la Administración General del Estado, sino también a los empleados de las administraciones autonómicas y locales y al personal estatutario.

Más afectados

A ellos se suman, entre otros, el personal docente universitario y dependiente del Ministerio de Educación, el personal militar profesional y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, el Cuerpo de Secretarios Judiciales y los distintos cuerpos de personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.

Tras este movimiento, la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, tiene veinte días para remitir a la Audiencia Nacional el expediente administrativo completo que ha motivado el recurso.

Pese a que los sindicatos se felicitaron ayer por la decisión de la Audiencia, el antecedente de 1997 no es nada halagüeño para sus intereses. Aquel año, tras la congelación salarial aprobada por el Ejecutivo de Aznar, las centrales también recurrieron y la Audiencia Nacional les dio la razón en primera instancia. El tribunal dictó en 2001 una sentencia en la que anulaba la congelación y condenaba al Gobierno del Partido Popular a pagar a los funcionarios más de 3.000 millones de euros, con sus respectivos intereses, como compensación por las cantidades dejadas de percibir entonces por estos empleados.

Pero la batalla no terminó ahí. El Gobierno recurrió ante el Tribunal Supremo y éste le dio la razón e invalidó la sentencia de la Audiencia. Posteriormente, el Tribunal Constitucional denegó la admisión de los recursos de amparo de Comisiones Obreras y UGT contra la decisión del Supremo. El Alto Tribunal estimó que el Plan de Convergencia de la Unión Monetaria y Económica, en el que se asumieron una serie de compromisos de estabilidad presupuestaria, justificaba que el Gobierno de José María Aznar aplicara en 1997 una medida «tan drástica» como la de congelar los sueldos de los funcionarios, pese a que en 1994 el Ejecutivo de Felipe González firmó un acuerdo de revisión salarial del 2,6% para un periodo de tres años.

Las razones de peso esgrimidas por el Constitucional no le parecieron entonces suficientes a los socialistas. Si ahora han justificado el recorte como necesario para reconducir el elevado déficit, en aquel momento aseguraron que la congelación aprobada por Aznar era una «cacicada».

Defensor del Pueblo

La vía judicial no es la única a la que han recurrido los sindicatos para intentar paralizar el recorte. Ambas centrales también han solicitado la ayuda del Defensor del Pueblo. Así, las Federaciones Estatales de Servicios Públicos (FSP), de Transportes (TCM), de Servicios (FES) y de Enseñanza (FETE) de UGT presentaron el pasado 21 de junio un escrito ante el Defensor del Pueblo para pedirle que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley de medidas antidéficit, en concreto a las referidas al empleo público.

Por su parte, el Área Pública de Comisiones Obreras, que integra las federaciones de Servicios a la Ciudadanía, Enseñanza y Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato, emplazaron el pasado día 29 de junio al Defensor del Pueblo a interponer recurso de inconstitucionalidad contra el decreto en el que se recorta el salario de los funcionarios.