No valen excusas

El debate sobre el déficit, que hasta ahora ha tenido como protagonista exclusivo al Gobierno de la nación en un pulso tácito con Bruselas, se ha trasladado al ámbito doméstico con la entrada en escena de las comunidades autónomas. Al igual que Rajoy lo reivindicó como una decisión soberana de España, varios presidentes regionales reclamaron cierta autonomía para fijar el techo del déficit. Finalmente, el Consejo de Política Fiscal y Financiera respaldó ayer bajar sus déficit este año al 1,5% del PIB con el voto en contra de Andalucía y la abstención de Cataluña y Canarias. La oposición andaluza tiene mucho de estrategia electoral, de marcar distancias con el PP, y muy poco de responsabilidad en unos dirigentes como los socialistas que han hecho del despilfarro su seña de identidad.

En cualquier caso, la decisión obliga a cumplir el nuevo programa de estabilidad y ese es un mensaje al exterior conveniente. No será sencillo, pero no valen excusas. Es cierto que las comunidades han asumido una carga competencial muy elevada y onerosa, sobre todo en ámbitos como la educación y la sanidad. Sin embargo, los defectos del sistema no pueden justificar los errores cometidos por los gobernantes autonómicos ni ser la coartada para no cumplir con los compromisos que el Gobierno de España ha contraído ante Bruselas. Si en 2011 se disparó el déficit 2,5 puntos fue porque las autonomías no actuaron con responsabilidad. Además, no puede afirmarse, como han hecho frívolamente algunos dirigentes regionales, que el Gobierno imponga a los demás un esfuerzo superior al que se reserva para sí mismo. Para empezar, el techo de déficit autonómico del 1,5% es dos décimas más que el año pasado, y la capacidad de endeudamiento se eleva del 10% al 13% del PIB. Añádase que el Gobierno ha ampliado de cinco a diez años el plazo para que devuelvan los anticipos de 2008 y 2009, lo que supone un alivio importante. No terminan aquí las medidas de apoyo para cuadrar las cuentas. Recordemos que Rajoy aprobó la suscripción de un crédito con la banca privada de 35.000 millones de euros para pagar a proveedores. Además, el ICO pondrá a disposición de los gestores autonómicos una línea de 10.000 millones para refinanciar deuda. No puede decirse, por tanto, que las comunidades se enfrenten desasistidas a los rigores del déficit. Les corresponde hacer un radical esfuerzo de austeridad y rigor, empezando por podar su desmesurada burocracia.
Desafía al sentido común la proliferación de empresas públicas (por encima de las 3.000), como también lo hace la construcción de aeropuertos inservibles, el despliegue de embajadas nacionalistas, el despilfarro en subvenciones y el tejido de redes clientelares. Es hora de asumir que la disciplina fiscal es una cuestión de Estado en la que no podemos fallar. Todos tendrán que cumplir sin excusas.